“Esto es importante porque en los barrios, sobretodo en las localidades pequeñas son factores que generan mucha insatisfacción y sensación de anomia en las personas al ver actividades ilícitas que se mantienen en el tiempo y perduran”, indicó la procuradora.
Para ello, se enfocarán en dos aspectos: el económico y la venta en sí. Respecto del primero, explicó que deben comprobar que se trata de personas, familias o grupos que no tienen otra actividad lícita y redituable. “Por eso muchas veces el enriquecimiento que se ve, los progresos económicos importantes, derivan del negocio de la venta de droga”, mencionó. De esa forma, la Justicia “ataca” el aspecto central que hace atrayente para algunos la actividad ilícita: lo redituable de la misma.
“Obviamente que es un camino largo, acá, en EEUU y en cualquier lugar del mundo, es una lucha difícil porque sabemos que si hay demanda, va a haber oferta. Sabemos que vamos a cerrar un ’kiosco’ y se va a abrir otro probablemente”, dijo. No obstante, sostuvo que el mensaje es claro para quienes se arriesgan: “esta no es una actividad tan beneficiosa, tan rentable como pudiera parecer y hay costos altos que hay que paga en el caso que se decida andar por este camino”.
Y, en ese sentido, explicó que los detenidos por venta de estupefacientes o tenencia de estupefacientes para comercio enfrentan penas que van de cuatro a quince años. En consecuencia, al ser de cuatro años la sentencia mínima, no son de carácter condicional. Y hay varios agravantes: si hay varias personas involucradas, el mínimo sube a seis años, de la misma forma si el lugar donde se ejerce la actividad ilícita se encuentra cerca de un establecimiento escolar.
Goyeneche dijo que no manejan estimaciones en el poder Judicial acerca de la supuesta cantidad de ‘kioscos’ existentes en la provincia sino que son datos que los maneja la policía entrerriana.
De la misma forma, remarcó que deben ser prudentes respecto de las expectativas que genera la puesta en marcha de la ley. En ese sentido, explicó que las investigaciones deben ser previas y terminan el día que se hace el allanamiento aunque no encuentren nada. La procuradora adjunta sostuvo que no se va a entrar en un domicilio solamente por la existencia de una denuncia. “La denunciaba a generar una investigación y si de la investigación surgen datos de que hay ventas vamos a realizar el resto de los procedimientos”, indicó.
“Esto significa mucho más trabajo para los fiscales y para todo el sistema judicial provincial, tanto para los fiscales en las investigaciones como luego lo vamos a ver una vez que pasen los meses, en los juicios y en las unidades penales también”, dijo también Goyeneche.
