Los magistrados fueron señalados por el mandatario entrerriano, como los principales responsables de haber permitido las salidas socio familiares a Miguel Ángel Lencina, principal sospechoso de la desaparición de la pequeña sanbenitense Fernanda Aguirre. En su presentación Busti sostuvo que los magistrados “han desempeñado mal sus funciones”, no sólo por no controlar las salidas socio familiares, sino por “otorgar” el beneficio “a una persona que tiene una condena a 20 años de prisión por haber violado y matado”.
En declaraciones periodísticas, el mandatario incluso consideró que Retamoso tenía que saber que “esta persona es un chacal, una fiera y no puede andar por la calle porque es un peligro para la sociedad”.
Con esas acusaciones y con la posibilidad que les otorga la Constitución Provincial, tanto Retamoso como Malatesta presentará mañana su descargo ante el Jurado de Enjuiciamiento, que tendrá 30 días de plazo para analizar las pruebas y determinar si se sustancia o no el jury.
Los magistrados basarán su defensa en lo establecido en la Ley 24.660 y en los informes proporcionados por el Consejo Correccional de la Dirección General del Servicio Penitenciario de Entre Ríos, que consideró favorable la conducta de Miguel Ángel Lencina, condenado en 1995 por el delito de homicidio en forma reiterada, según consta en la sentencia de la Cámara Primera en lo Criminal, integrada por los doctores Pablo de la Vega, Silvia Nazar y Arturo Landó.
A partir de mañana, el Tribunal —integrado por tres miembros del Superior Tribunal de Justicia (STJ), el presidente de la Cámara de Diputados, el vicegobernador en representación del Senado y dos representantes del Colegio de Abogados— tendrá a su cargo analizar las actuaciones y determinar si corresponde la destitución o no de los magistrados denunciados por el Gobernador “por mal desempeño”.
En el descargo, no sólo constarán los informes sobre la evolución del penado que hizo el Consejo Correccional de la Unidad Penal Nº 4 de Concepción del Uruguay, sino también los diagnósticos del equipo técnico y de profesionales que analizaron al interno, entre ellos el de la asistente social que consideró que es “favorable” permitirle a Lencina la oportunidad de salidas transitorias a modo de ir “acompañando su integración a la red social”.
Además de esos argumentos, se conoció que presentarán como prueba, los permisos socio laborales o familiares que otorgaron otros magistrados a presos calificados como peligrosos. Entre ellos, no se descarta que se envíe copia de las resoluciones dispuestas por el entonces juez correccional José Carlos Halle, hoy subsecretario de Justicia de la provincia, quien autorizó las salidas transitorias a Ricardo Chicharra Rosenbrock, condenado por la violación y muerte de la joven Ursula Sueldo.
Es más, no se descarta que uno de los magistrados acusados, una vez conocido el dictamen del Jurado de Enjuiciamiento, interponga una denuncia por daños y perjuicios.
