El dictamen del que ahora se tomó conocimiento se aguarda desde el mes de febrero y la ley provincial respecto de la que se expide, fue promulgada en 2009. El expediente, iniciado a instancias de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia, pasó por la AFIP y había recalado en la Secretaría de Seguridad Social, que se expidió desfavorablemente con respecto a las pretensiones que tenían los empleados del Banco de Entre Ríos. “Todavía no tenemos el escrito pero la responsable del área se comprometió a hacernos llegar una copia del dictamen”, dijo ayer el secretario general de la Asociación Bancaria, Juan Carlos Navarro, al dar cuenta de que verbalmente ya se los había adelantado por lo que no tenían dudas del resultado adverso al interés de los trabajadores.
Anticipadamente también tomaron conocimiento de que Seguridad Social había seguido los lineamientos de AFIP para sostener que la norma provincial que prevé el paso de los trabajadores del Bersa al régimen previsional provincial “no se encuadra con la normativa nacional”, argumento que emparentó con “lo que viene diciendo Daniel Elías”, esto es, las dudas que había planteado el titular de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia. Efectivamente, para el funcionario entrerriano los organismos nacionales debían expedirse sobre una cuestión “estrictamente jurídica” como era la posibilidad de que la legislación provincial que se pretendía aplicar colisionara con la nacional vigente, criterio que finalmente se confirmó, siguiendo los dichos de Navarro.
Conocido el dictamen, los trabajadores bancarios no tomaron contacto con las autoridades provinciales, ni con el titular de la Caja, tampoco por el gobernador. En cambio, comenzaron a analizar y prácticamente está la decisión tomada de, tan pronto como puedan acceder a la copia del escrito, hacer una presentación legal, para que sea la Justicia la que se expida. “No puede ser que con tanta liviandad se aprueben las leyes”, cuestionó Navarro con referencia al proyecto de ley que prevé el traspaso a la Caja provincial que fue oportunamente aprobado por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo.
Mientras tanto, el sector sigue creyendo que otra hubiese sido la resolución del problema si desde el Gobierno se hubiera procurado rubricar un convenio entre Nación y Provincia contemplando “una excepción” a la ley nacional. El dirigente gremial hizo hincapié en la diferencia que existe entre los trabajadores del banco, unos comprendidos por el régimen provincial y otros por el nacional, lo que plantea disparidades tanto en la edad jubilatoria y en la antigüedad como en el cálculo de los haberes.
Salida. Navarro interpretó que el Gobierno fundamentará en este dictamen, la decisión de negar el traspaso al régimen provincial y por esa razón “nosotros estamos evaluando, una vez que tengamos el dictamen en mano, hacer una presentación legal en función de que acá hay una ley aprobada por unanimidad y promulgada por el gobernador. Queremos entonces que, por lo menos, se analice si las leyes se pueden aprobar así, tan superficialmente, y después observar que las mismas no tienen aplicación”, dijo. Lo que el titular de la Bancaria remarcó es la expectativa que se había generado en los empleados “en función de una herramienta como es una ley”. Haciéndose eco del análisis que hicieron los bancarios afectados, Navarro sostuvo que “alguien se tiene que hacer cargo de esta situación. Y tendría que por lo menos, tener alguna determinación la Justicia para demostrar que las leyes que sean aprobadas en la provincia, tengan el análisis suficiente para que no se dé como en este caso, que después de que la aprobaron, no puede ser de aplicación”. En tanto, deslizó: “No descartamos ante una posición tan cerrada y negativa que en otro escenario, más adelante, pueda ser positiva”.
A la espera
En la presidencia de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la provincia hasta ayer en horas de la tarde no se había recibido notificación de la decisión de la Secretaría de Seguridad Social que desde la mañana dieron como un hecho desde la Asociación Bancaria. El presidente del organismo, Daniel Elías, dijo: “En caso de que no se produzca en esta jornada una comunicación formal, entre lunes y martes personalmente, procuraré tomar vista del expediente”.
Dijo no estar en condiciones de confirmar lo trasmitido por la Bancaria aunque apuntó que lo que resuelva o comunique el organismo nacional, ya sea en un sentido u otro, será “vinculante”. Acotó también que si la posición jurídica de la Secretaría es la inaplicabilidad de la norma provincial, “se confirmaría que la posición de la Caja ha sido prudente y acertada”. Específicamente, se refirió al “problema que se hubiese generado si la Caja hubiera empezado a retener los aportes. Los trabajadores estarían en un enorme problema. Habría sido una apropiación infundada de los aportes por parte de la Caja”, sostuvo.
Fuente: El Diario
