Esos trabajadores, empleados por el Estado y remunerados con fondos públicos, no son, sin embargo, empleados públicos ni tampoco de las entidades privadas: están bajo una categoría sui generis por cuanto así lo establece la ley actualmente en vigencia, la número 8.490, modificada por la 9.324.
“Ese personal lo contrata y le paga el Consejo del Menor, pero no son empleados del Estado, y el planteo que hacen algunas instituciones es que se regularice esa situación. Que dejen de ser contratados y pasen a planta”, indicó el abogado Gustavo D’Antonio, subdirector de Entidades Privadas del Consejo Provincial del Menor.
La religiosa franciscana Elibia Norma González (la hermana Fide), directora del Hogar La Providencia, de Villa Urquiza, señaló que ese status jurídico de los empleados los deja en permanente zozobra ante la posibilidad de que los contratos se terminen, y así se queden sin empleo. Además, subrayó, la mayoría tienen varios años en sus puestos.
Los hogares están bajo la responsabilidad de entidades no gubernamentales y de la Iglesia Católica. En Entre Ríos hay un centenar, distribuidos por todos los departamentos y atienden a una población de 5.200 niños y adolescentes. Están divididos según el tipo de asistencia que dan: los hay con internación permanente, guarderías, jardines y centros de día.
Por día, el Estado los asiste con una suma que varía entre los 1,13 y 3 pesos por chico en concepto de gastos de racionamiento, a lo que se suma el pago de los salarios del personal y el envío de partidas para zapatillas y ropa de los menores, por lo cual al año la inversión en esos institutos asciende a 6.751.640 pesos.
