El proyecto, indica que se trata de los niveles de enseñanza obligatorios y debe ser especialmente cumplida por los funcionarios que ostenten los cargos de más alta jerarquía (Gobernador y Vicegobernador, Ministros, Secretarios, Legisladores, Jueces del Superior Tribunal de Justicia y cargos equivalentes de los Entes descentralizados.
También en salud
Pone también como una obligación que “en lo que hace a la atención de salud, tengan la obligación ineludible de atenderse exclusivamente, ellos y sus familiares a cargo, en establecimientos de Salud Pública pertenecientes al sistema público estatal, arancelándose dicha prestación”.
Posibles incumplimientos
El legislador indicó que se ha previsto que en caso de incumplimiento “por parte de un funcionario provincial, éste deberá presentar ante la Oficina Anticorrupción y Ética Pública una justificación por escrito, la cual deberá ser evaluada y elevada con informe a la Dirección de Sumarios Administrativos, Organismo éste que publicará periódicamente esta información en la página oficial del Gobierno de Entre Ríos”.
Son alcanzados por el proyecto todos los cargos electivos provinciales y municipales del Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, Contralores, Defensoría del Pueblo, Fiscalía de Estado y el personal jerárquico designado políticamente de los poderes y organismos mencionados en el punto anterior, incluyendo además a entes descentralizados, entes autárquicos y toda otra institución financiada por el Estado entrerriano.
En los fundamentos el legislador pone una frase de Jasmyne Cannick “las personas se preocupan más por un problema, cuando dicho problema les afecta a ellos personalmente”. Al ser consultado sobre las razones que lo llevaron a lanzar la iniciativa, Chesini indicó que “se tiene que pensar que si los hijos de los funcionarios van al sector público por educación y salud, habrá sin duda mayor conocimiento de lo que acontece en esos espacios por parte de quien conduce el Estado”.
