“Desde el 21 de octubre no hubo comunicación del Gobierno entrerriano con nosotros, salvo el día de ayer (jueves) que recibimos un llamado preguntando si habíamos recibido la declaración jurada del gobernador Busti; le dijimos que no y entonces pidieron nuevamente la dirección postal de nuestras oficinas y aseguraron que la iban a volver a enviar. Esperemos que la semana que viene pueda estar llegando la declaración del gobernador”, dijo la integrante de Poder Ciudadano, Laura Alonso. “En ningún momento dijeron que tenían algún comprobante que acredite que hayan hecho el envío de las declaraciones juradas”, añadió en diálogo con el programa “Una mañana antes” (Radio Capital, de Paraná).
En la provincia de Entre Ríos existe una la ley provincial de 1953 que establece que las declaraciones juradas de los funcionarios tienen que enviarse en un sobre que queda lacrado en la Contaduría General de la Provincia, que son secretas y que sólo se pueden abrir en caso de una denuncia de enriquecimiento ilícito. Al respecto, Alonso consideró que esa legislación “se enmarca en un esquema viejo y que no corresponde a lo que esperamos todos los ciudadanos de una democracia del siglo XXI”.
“Puede ser un debate interesante que se dé en la provincia para reformar esa legislación y promover otra que permita el acceso de cualquier ciudadano a la información, como ocurre a nivel nacional y en otros distritos provinciales”, amplió la integrante de Poder Ciudadano.
Consideró finalmente que “un trabajo que toda la sociedad debe hacer es buscar una legislación transparente porque hay un derecho del ciudadano a tener acceso a la información; es una gran deuda que tiene el Gobierno, y en especial la Legislatura ante la ciudadanía, por lo que sería un interesante tema para poner en la agenda: discutir el régimen de declaraciones juradas en la provincia de Entre Ríos de acceso público a toda la ciudadanía”, finalizó Alonso.
