Los ex trabajadores venían reclamando el pago de la deuda desde los primeros días de este año, luego de que la Legislatura provincial aprobara la Ley 9539, que dispuso la disolución de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que estaba en funcionamiento desde fines del 2000.
La mora en el pago le significa a la provincia un costo adicional de 17.000 pesos, según consta en el decreto publicado.
