Cuando se habla de una “política turística común” se hace referencia a que no se cierre la entrada al público que no se va a alojar en el complejo. Giampaolo aseguró que Urribarri les confirmó la intención de que la secretaría Legal y Técnica de la Provincia, al igual que la repartición que cumple una función similar en el municipio, trabajará en el tema. “Tienen que analizar toda la maraña normativa que hay en torno a la concesión”, explicó.
DIARIOJUNIO estimó que una rescisión anticipada le costaría al erario público $ 300 millones. El artículo 13º del convenio establece que la cifra surge de la cantidad de personas ingresadas al complejo termal durante el término de un año calendario. El concesionario señaló que el 2006 fue el año con mayor cantidad de entradas vendidas, 170.000 tickets cortados. Estas 170.000 entradas a un costo de 20 pesos resulta: 3.400.000 pesos que, según el mismo artículo 13 del convenio, deben ser multiplicadas por los años que restan de concesión: 30. Esto resultaría 102 millones de pesos. A esa cifra debe multiplicarse por 2,5 surgiría que son 255 millones de pesos, más el monto actualizado de las inversiones realizadas, el municipio debería abonarle a VERTER S.A la friolera de 295 millones.
Giampaolo expresó que “los números que por ahí se han barajado no se corresponden con la normativa y los contratos que están vigentes hoy”. Y añadió que, sin precisar montos concretos, que manejan “cifras mucho inferiores”. “La idea es no dar números hasta que se terminen de analizar en profundidad los alcances del contrato”, expresó.
La estrategia legal del municipio será atacar la legitimidad de algunas de las cláusulas del contrato de concesión. “Estamos en el ámbito del derecho público y el derecho público, en alguna medida, no permite el libre albedrío en algunas cuestiones”, indicó el edil. Incluso aseguró que las cláusulas lesivas para la sociedad “no tienen plena validez”.
“Una cláusula notoriamente lesiva es la de indemnización que multiplica por dos veces y media el valor de las entradas del complejo termal durante el último año calendario al de la rescisión”, indicó Giampaolo. “Es una estrategia legal que deberíamos tomar a fin de discutir cláusulas que no fueron muy beneficiosas para el Estado”, sostuvo el titular del bloque.
La otra opción es apuntalar el desarrollo de uno de los dos pozos cercanos: el que está enfrente de Villa Zorraquín (privado) o el de la zona del lago de Salto Grande. “Lo que me quedó claro es que es un problema crucial para el turismo que tiene ribetes económicos muy importantes”, expresó el titular del bloque.
Por otra parte, Urribarri les expresó que se debe adoptar una decisión en no más de 15 días. “Los informes técnicos tienen que estar sobre la mesa y en base a esos informes proceder posteriormente”, indicó.
