El 25 de julio los docentes deben retornar a las aulas. Pero en lugar de volver a las escuelas, Agmer llamó a un paro y convocó a una movilización a Paraná. Antes de que finalice esa semana, el gremio volverá a reunirse en un congreso para analizar la respuesta de las bases y la actitud del gobierno ante el paro.
La postura de un paro de 48 horas no fue unánime sino que otras seccionales plantaron una medida de fuerza más larga: 72 horas. “Ganó mayoritariamente la postura de las 48 horas”, dijo Dechat. Ya se sabía que se iban a votar medidas de fuerza debido a que en el anterior congreso se había decidido comenzar a discutir posicionamientos de fuerza ante la intransigencia del gobierno a otorgar nuevos aumentos. “Esto se ratificó y esperamos que esta vez el gobierno haga lo que dice por los medios, que las puertas están abiertas cuando no es así”, señaló.
En tal sentido, explicó que desde febrero que están llamando a una mesa de diálogo. “Pero el gobierno no contesta a nada ni tampoco llama a mesa así que vamos a ver como reacciona ante la constancia de que no se va a reiniciar luego del receso escolar”, explicó la secretaria adjunta.
Cuantitativamente, un paro de 48 horas es similar a los dos paros de 24 horas que se realizaron durante todo el primer semestre: uno el primer día de clases y el otro el 8 de junio en adhesión a una jornada de lucha a nivel nacional de la CTA. El llamado a la medida de huelga se da en medio de un proceso de “erosión del salario”. Ya a principios de año, desde Agmer catalogaron el incremento otorgado de “insuficiente” y esperaban que el gobierno “se siente a negociar”, cuestión que no sucedió.
De no haber un cambio sustancial en la forma de encarar el conflicto docente, el gobierno probablemente apueste al descuento salarial de los docentes que adhieran a la huelga. En tal sentido, Dechat dijo que el comportamiento del actual Ejecutivo es diferente del de su antecesor, quien optaba por devolver los recortes salariales. “Cuando sube Urribarri, ese acuerdo se rompe y cuando empezamos a plantear genuinamente las medidas de fuerza, este gobernador empezó a descontarnos”, expresó.
Más adelante, la secretaría adjunta dijo que el gobierno provincial está alineado políticamente a un gobierno “nacional y popular que defiende a los trabajadores” pero en los hechos no lo demuestra. “No solamente no escucha sino que manda a apretar con los directivos y nos descuenta de manera ilegal”, recalcó.
