La medida, según consta en la resolución 3.774 firmada ayer por el titular del CGE, Oreste Felipe Ascúa, y los vocales políticos Roberto Matteoda y Carlos Suárez, establece en forma tajante que el regreso deberá producirse a partir del 1º de noviembre próximo, ya que se dan “por finalizadas las afectaciones y adscripciones del personal docente de los diferentes niveles de enseñanza, a partir del 31 de Octubre de 2004”.
En los considerando, la resolución subraya que la medida se debe a que el sector Educación se encuentra “abocado a rever situaciones de orden económico y organizativo; que estas acciones surgen a raíz de aquellas situaciones que generan una erogación paralela, como en el caso de las afectaciones docentes, en las que se debe designar un suplente y que mientras se lleve a cabo el estudio de las plantas funcionales de los diferentes niveles de enseñanza, es necesario dar por finalizada toda normativa referida a afectaciones y adscripciones docentes”.
La decisión de hacer volver a personal que ha sido trasladado de su lugar original afecta fundamentalmente a docentes, y se funda en “la grave situación que atravesamos, ya que en varias escuelas se ha excedido el cupo del 8 % como tope establecido para el gasto en licencias. Y en algunos casos no sólo hay duplicidad de gasto en sueldos, sino también se ha triplicado en el caso de que el suplente se enferma”, dijo Alejandro Richardet, vocal del CGE.
Richardet explicó que la determinación que se adoptó ayer es consecuencia del reordenamiento administrativo en que está actualmente sometido el CGE, tras lo cual se detectaron no sólo altos niveles de suplencias sino la existencia de “incompatibilidades” de personal que excede el número de horas permitidas. “Hemos detectado gente con dos o más cargos, a lo que se suman horas cátedra. Esto se resuelve de dos maneras: primero hay que ponerse dentro de la normativa, y si se tiende que la normativa es injusta, se modifica. Pero primero hay que cumplir lo que está, y el marco legal hoy impide tener más de 36 horas cátedra”, señaló.
De tal forma, el próximo paso será, anunció, el “blanqueo” de esas incompatibilidades.
En ese plan de ordenamiento del gasto —ya se denunció el pago de una cifra aproximada de entre 1,5 a 2 millones de pesos a personal docente inexistente— el funcionario ubicó el plan de racionamiento en el gasto de luz y teléfono que, dijo, en el primer mes reportó una merma del 30 %.
