Aseguró que “si bien venimos de una etapa terrible que fueron los bonos federales y no cobrar por mucho tiempo, ahora lo hacemos como corresponde pero si no fuera por el incentivo docente, nuestro sueldo no nos alcanza ni para empezar a pagar las cuentas”.
Con relación a los decretos de la Nación por el cual el sector privado recibió un incremento en sus haberes, la dirigente señaló que “la mayoría de los colegios no la está pagando, peleamos por ese lado para que se busque una solución. No sólo los 274 pesos (la suma de los tres decretos de Néstor Kirchner) sino la deuda desde el 2002, es un monto muy importante”.
Aclaró que el reclamo lo hacen “no sólo a los apoderados legales de los colegios sino al gobierno para que también aumente a los docentes estatales. Sabemos que muchas instituciones no pueden pagar, nunca dijimos que íbamos a poner la espada al pecho a un apoderado legal. Quiero aclarar: nunca vamos a hacer cerrar una escuela por el aumento. Queremos buscar juntos una solución”.
Cabe consignar que en Gualeguaychú y en resto de la provincia hay escuelas que son de régimen privado pero que no cobran un peso de inscripción al alumno, por lo tanto no tienen de dónde sacar. SADOP pide “sentarnos juntos con los apoderados y analicemos de dónde obtener dinero… si el gobierno puso los decretos y es este el que manda el dinero, creo que la cuenta sale redondita. Hay que presionar donde corresponda”.
Medida cautelar
La dirigente gremial consignó que los docentes afiliados al SADOP “no están en incompatibilidad. Ante los recursos que se vienen ahora para cubrir los distintos cargos, siempre y cuando no haya choque de las horas, se pueden tomar más de las 36 horas que estipula el Art. 92 de la Ley provincial 9330”.
El año pasado SADOP efectuó una presentación obteniendo una medida cautelar de prohibición (al Estado) de aplicar a los maestros y profesores nucleados en este sindicato, dicha incompatibilidad. El Dr. Mario Quinteros dictó la acción de inconstitucionalidad, la que fue apelada por el gobierno entrerriano.
“A la luz de la sentencia cautelar dictada por la justicia, el gobierno debe abstenerse de aplicar la normativa en crisis y no afectar la libertad de trabajo en conjunto de la docencia”, consideró la docente.
