Los integrantes del Movimiento aseguraron que hace varios meses hicieron un censo y los resultados lo presentaron a las autoridades provinciales y municipales, al igual que a los candidatos en las últimas elecciones así como a los partidos políticos y a la Iglesia Evangélica. En esa encuesta sostienen que los desocupados llegan a 25.000 distribuidos en 116 barrios.
Retamar aseguró que están preocupados porque se está trabajando en la reglamentación de distintos artículos de la constitución provincial, como el Habeas Data y la Defensoría del Pueblo pero no se está reglamentando el artículo 24º. “Es necesario por la situación socio-económica que se está viviendo en Concordia. En otros lados pasa algo similar pero en Concordia es lo máximo”, dijo el vocero.
En forma oficial sólo dialogaron con el secretario de Desarrollo Social, José Luis Rodríguez, y con Mario “Loro” Garramone, secretario privado del gobernador. Y añadió que van a permanecer en la Cafesg hasta que se logren reunir con algún funcionario con rango ministerial o con el gobernador Sergio Urribarri. Incluso, sostuvo que diez días antes de las elecciones, el mandatario provincial les pidió que dejen de manifestarse a fin de no “entorpecer el acto comicial”. “Pensamos que era razonable”, aseveró el coordinador.
El reclamo apunta a la provincia porque el vocero aseguró que el intendente Gustavo Bordet: “alguna solución que tiene a mano nos está dando”. Incluso, el lunes de la semana pasada los delegados de los distintos barrios marcharon hasta el Concejo Deliberante y le pidieron a al presidenta Mireya López Bernis que el cuerpo públicamente tome una postura al respecto.
El coordinador aseguró que son 116 personas –“una por cada barrio”- las que están presentes en el hall de la Cafesg. El número discrepa notoriamente con la apreciación de un integrante del cuerpo de seguridad privada que contó 25 personas. “En este momento estamos organizando para ver que vamos a cocinar y de donde vamos a sacar los elementos”, expresó aclarando al mismo tiempo que el fuego lo van a realizar en un predio baldío ubicado enfrente del organismo que administra los fondos excedentes de Salto Grande. “El ente trabaja normalmente, no entorpecemos a nadie”, señaló.
“No queremos llegar a presentar un recurso de amparo que es el otro paso que nos está quedando porque estamos convencidos de que el gobierno debe tener la oportunidad de darse cuenta que tiene que trabajar en ese sentido sin necesidad de que hagamos un recurso”, indicó Retamar.
El artículo 24º establece que «el Estado asegura a todos los habitantes el derecho a la alimentación, así como un ingreso mínimo indispensable para la subsistencia en situaciones de falta de empleo regular, inestabilidad económica, social o catástrofes que coloquen al afectado en situación de desamparo. Un ente público con participación ciudadana tendrá a su cargo la efectivización de este derecho».
