En la reunión de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina (Adpra), realizada en Santa Fe la semana pasada, se pusieron de relieve los reclamos que reciben las Defensorías y que muestran las innumerables deficiencias que presenta el servicio de telefonía móvil en el país.
En particular, se tomó como referencia el caso de La Plata que durante el temporal e inundación de principios de abril sufrió la virtual interrupción de las comunicaciones por celular, quedando claramente en evidencia la deficiencia en la prestación y la necesidad de encuadrar su funcionamiento en un marco que garantice a los usuarios el correcto funcionamiento del servicio.
Los Defensores indicaron que la telefonía móvil es un verdadero servicio público, ya que su prestación apunta a satisfacer necesidades públicas en forma continua, regular, uniforme y general, más allá de que su ejecución sea privada. Por eso, indicaron que es necesario limitar y establecer su regulación, registros y tarifas, con el fin de garantizar un régimen de protección al más débil.
Para que esta iniciativa tenga tratamiento en el Congreso nacional, los miembros de Adpra proyectarán una serie de encuentros con legisladores de distintos puntos del país, con el objetivo de consensuar una normativa que apunte a normalizar los actuales problemas del servicio.
“La telefonía móvil tiene que ser considerada un servicio público y el Estado debe poder regular y controlar esta prestación. Es que el uso del celular ha crecido mucho y en el caso de los sectores más humildes de la población, prácticamente reemplaza al teléfono fijo”, dijo el Defensor del Pueblo de la Ciudad de Paraná, Luis Garay. En el plenario se plantearon también las fallas del sistema ocurridas en las últimas semanas en Paraná y Santa Fe.
En tanto y para avanzar con las acciones tendientes a que el tema sea abordado por el Congreso, el Defensor de Paraná dijo que se pondrá en comunicación con los legisladores nacionales por Entre Ríos en los próximos días.
