El fiscal de Cámara, Carlos Larrarte, entendió que la carga probatoria confirma la estafa realizada al Estado. “La materialidad del ilícito se encuentra debidamente documentada”, señaló el funcionario judicial entendiendo que Goy y Luna deben responder en calidad de coautores y Alalí, en calidad de participe necesario o esencial. Para Larrarte, Alalí sabia que este hecho se iba a llevar a cabo y debe ser considerado imprescindible para que se haya consumado.
A su vez, manifestó que las declaraciones de Luna en la etapa instructoria quedaron desvirtuadas por la carga probatoria. “Esto comenzó a prepararse cuando Goy y Luna reciben el cheque”, dijo Larrarte durante su alocución al tiempo que reconoció que estos hechos de corrupción son difíciles de probar “porque los propios corruptos tienen el manejo de la información”.
Otro de las solicitudes de Larrarte fue que las costas sean afrontadas por Goy y Alalí, y no por Luna atendiendo a “la situación económica que atraviesa”.
Al término de las palabras del fiscal comenzaba su exposición el querellante Luis Pedemonte, adhiriendo a todos los considerandos y a la solicitud de penas del Larrarte, a excepción de la figura asignada a Alalí, por entender que su participación fue secundaria y no esencial.
