El autor del pedido de informes, Esteban Benítez (UCR-Cambiemos) manifestó que el pedido fue acompañado por la bancada oficialista. “Acá lo que se cuestiona es que hay una tasa de alumbrado público y esos fondos se utilizan para pagar medidores comunitarios”, dijo. Por ello, señaló que no se pueden mezclar ambos temas y por ello quieren saber el sustento legal del mismo. “Puede ser absolutamente válido y podemos compartir el tema, pero queremos conocer cuánto dinero es y cuanto se subsidia y los criterios para decidir a quien se subsidia y a quien no” dijo.
En tanto, la concejal Irma Bergalio (FPV) dijo: “a mí no me quedan dudas de a quien se está beneficiando o a quien se le está otorgando ese servicio”. Y resaltó que se trata de barrios con “mucha vulnerabilidad social”. “En todo caso, como dice el concejal Benítez, se debería trabajar sobre la situación de todos esos vecinos sobre el beneficio de la tarifa social”. En ese sentido, acotó que en el país tres de cada 10 usuarios de escasos recursos se benefician con la tarifa social. En consecuencia, dijo que es tarea de todas las áreas del Estado que los vecinos puedan acceder a una tarifa social cuando se retiren los medidores comunitarios.
Entre los considerados del pedido de informes, se señaló que “un funcionario municipal ha manifestado lo siguiente: ‘actualmente existen 13 medidores comunitarios en barrios donde los vecinos no tienen conexión regular de energía eléctrica. El municipio coloca un medidor y el costo se carga a los consumos de los medidores municipales”, indicó. Los medidores están en los barrios Nueva Esperaba, Villa Cresto, Agua Patito, Los Pájaros, calle Bernardo de Irigoyen y la Paz, barrio el Chorro, Don Jorge, Carretera La cruz, calles Maestra López y Doctor Sauré, Camba paso, calle Odiard e Italia, calle Cerrito 1587 y calle Victorino Simón y Coldarol”.
“¿A cuánto asciende el consumo mensual de esos 13 medidores? Obviamente que varía según la etapa del año, pero en los meses más críticos ronda un millón y medio de pesos. ¿Qué tarifa se aplica a estos medidores comunitarios, la residencial, la social u otra? La tarifa es de obra, se contratan mayores potencias importantes por lo cual las escalas son más altas que la tarifa residencial. ¿De ser aso es probable que por esos medidores la comuna pague tarifas industriales? Claro pero lo que vemos es que por su sindican socio económica esos vecinos al conectarse pasarían a tener tarifa social con lo cual el costo que tendrían tampoco sería descabellado”, se menciona en otro pasaje del pedido.
“Es obvio que una persona que no paga no tiene incentivos para cuidar la luz. Ni siquiera sabe cuánto está consumiendo. Es más cuando se toman decisiones para equipar el hogar y optar por cocinar con gas o con electricidad, si la luz es eléctrica, uno compra un anafe eléctrico. Con los vecinos hoy se trabaja la cuestión de la responsabilidad social y ambiental que todos tenemos, es un proceso”, se manifiesta.
“Si bien se consigna en el proyecto que en el Concejo se debe atender la cuestión de los vecinos que no pueden hacer frente al costo energético, esa situación no fue expuesta en el ámbito del Concejo. Y se ha sometido a votación la tasa de alumbrado público y nunca ha sido tratado por el Concejo cuestiones como subsidio a sector alguno. En caso de ser real la situación planteada, debemos legislar con la misión de transparentar la situación y establecer una forma de control de los fondos destinados”, se añade.
La iniciativa, autoría de Benítez, fue suscrita por Nicolás Moulins (Cambiemos), Carola Laner (Una Frente Renovador) y Magdalena Reta de Urquiza (Cambiemos).
