En la nota, los autores consideraron que han surgido reclamos al proceso licitatorio por parte de una de las empresas interesadas. Entre los reclamos surge que la empresa adjudicada ha cotizado un material que no es aconsejable para el uso que se estipula. Además, se manifiesta la existencia de “notables sobreprecios”.
En la nota piden datos sobre la licitación del piso, las empresas que cotizaron, los montos y las condiciones de las empresas cotizantes y el estado de la licitación en relación a plazos y otras cuestiones relacionadas con el proceso de adjudicación.
El concejal Alberto Armanazqui (PJ) adelantó que el bloque del oficialismo iba a acompañar el pedido de informes porque están interesados en que todo se maneje con transparencia. No obstante, lamentó la presentación del pedido porque sostuvo que desde el bloque opositor tuvieron la oportunidad de dialogar con los responsables del área y no lo hicieron. De la misma forma, sostuvo que en la nota se deja entrever “un grado de sospecha ante la comunidad”.
Además, consideró que las dos empresas que cotizaron hicieron una presentación similar. “Los dos presentan la misma madera: madera de fibra larga araucaria”, dijo. Pero una de ellas Sport Flex SRL, la que hizo el reclamo, no cumplió con los pasos legales pertinentes de acuerdo al informe de la comisión evaluadora.
Asimismo, consideró que el presupuesto oficial era de $ 1.300.000 y la licitación fue adjudicada por $ 1.286.000. “O sea menos que el presupuesto oficial”, indicó Armanazqui. “Lo que pasa es que la otra empresa que se queja públicamente es porque legalmente no le cabe ninguna visa de reclamo. Entonces lo hace públicamente para extender un manto de sospecha y así ensucian a los funcionarios y al municipio y más en esta época”, dijo. Y sostuvo que el municipio dio cuenta de la posibilidad de iniciar acciones legales, civiles y penales si la empresa continúa con el reclamo “difamando al municipio en los medios públicos”.
En tanto, Reta de Urquiza indicó que no tenía “por qué ir a pedir información” porque la vía adecuada para solicitarla es el pedido de informes. “Este pedido de informes va a echar luz sobre un tema que ha tomado estado público”, indicó. A su vez, Laner sostuvo que “el grado de sospecha está instalado y lo instaló la empresa en los medios”. Por ello, la edil opositora recalcó que los ediles tienen la obligación de pedir informes cuando surgen este tipo de cuestiones.
A su turno, Daniel Cedro (PJ) dijo que le parecía irresponsable el planteo de la empresa. “Si tenían dudas hubiesen hecho una denuncia penal. Lo que pasa es que esa denuncia penal le genera responsabilidad a la empresa y ese es el problema. Es mucho más sencillo hacer una mera declamación periodística y en función de ellos generar sospechas que hacer algo en serio”, acotó.
