La contrariedad de los asambleístas se explica por la falta de resultados del encuentro, ya que el Gobierno consideró inconducente por «carencia de sustento jurídico», el principal reclamo que trajo la Asamblea a esta audiencia con la Presidenta: prohibir el tránsito de insumos para Botnia por el territorio nacional. También pidieron que se impida la exportación de madera con destino a la producción de Botnia.
A las dos cosas el Gobierno les dijo que no, admitieron los asambleístas, aunque aclararon que dejaban un canal abierto para conversar sobre este tema, que, pese a su ropaje jurídico, está teñido de un fuerte contenido político, ya que la Asamblea busca conseguir sanciones comerciales contra Botnia y el Uruguay.
Por el contrario, los asambleístas insistieron en que es pertinente la aplicación del Código Aduanero para llevar a la práctica estas prohibiciones.
A las 21.45, los cinco delegados de la Asamblea improvisaron una conferencia de prensa en la Sala de Periodistas de la Casa Rosada y dieron su versión de los hechos. En cambio, en el Gobierno hubo silencio de radio. Nadie quiso abrir la boca y cedieron la iniciativa comunicacional a la Asamblea.
Los delegados entregaron a la Presidenta un escrito que resume en 7 puntos los reclamos de la Asamblea: el primer punto ratifica la lucha por la relocalización de Botnia, al tiempo que insiste en la ilegalidad de la construcción por violación al Estatuto del Río Uruguay. Además, convocan «al pueblo argentino» el domingo 27 de abril, cuando se cumplirás el tercer aniversario del corte.
En el escrito y también en la charla con los periodistas los delegados solicitaron emprender «acciones políticas y diplomáticas en foros internacionales, especialmente ante la Unión Europea, denunciando la actitud de Finlandia en el Uruguay». Al mismo tiempo piden «ayuda material y técnica para activar presentaciones de ciudadanos con doble nacionalidad».
Los asambleístas reclamaron, además, «un fuerte pronunciamiento del Gobierno al cumplirse el próximo martes 26 un nuevo aniversario de la firma del Tratado del Río Uruguay de 1975».
En el escrito, la Asamblea alude a un tema controvertido, que no fue materia de la charla -aseguraron sus voceros-, como es la consideración de que «debe tenerse siempre presente que la demanda ante La Haya es una medida que no agota los planteos políticos y legítimos en defensa de la soberanía (en otras palabras, seguir con el corte si el fallo es adverso), el ambiente y el derecho a elegir el modelo de desarrollo que Gualeguaychú lleva adelante».
De la reunión en la Sala de Situación participaron, además de la Presidenta, el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, el canciller Jorge Taiana y la secretaria de Ambiente, Romina Picolotti. Y en representación de Entre Ríos estuvieron el gobernador Sergio Urribarri, el vice Eduardo Laurito, el senador Pedro Guastavino y el intendente de Gualeguaychú, Juan José Bahillo. La comisión de asambleístas fue encabezada por Juan Veronesi, Gustavo Rivollier y tres abogados: el nombrado Fernández, Luis Leissa y Víctor Rebossio.
