A la reunión sólo asistieron el presidente de la comisión, Juan Carlos Vega (Coalición Cívica) y los diputados Horacio Alcuaz (Gen), Fernanda Gil Lozano (CC), Oscar Albrieu (Frente Para la Victoria) y los entrerrianos Atilio Benedetti (UCR), Cristina Cremer de Busti (Peronismo Federal) y Gustavo Cusinato (UCR).
Benedetti pidió avanzar en la legislación para declarar el perdón a los activistas “comprometidos con el medio ambiente que injustamente están siendo sometidos a un proceso judicial sin sentido” que se encuentran imputados por los cortes de ruta en contra de la pastera Botnia. El candidato a gobernador consideró que “la amnistía no es un indulto porque no se trata de una pena”.
Por su parte, la diputada Cremer valoró la protesta: “Se está intimando a los que defienden el medio ambiente que son los llamados asambleístas, cuyo método fue pacífico, cortando la ruta”.
“Hemos dialogado con los bloques de la Coalición Cívica y el radicalismo y se han comprometido a que el proyecto será tratado luego del 14 de agosto”, dijo la esposa del candidato gobernador Jorge Busti, y destacó la participación en la reunión de asambleístas que “se dieron cita a la reunión para acompañar el proyecto que esperemos pueda tener dictamen de comisión en el corto plazo y ser aprobado por la Congreso”.
El cuerpo legislativo tenía previsto abordar dos iniciativas para declarar la amnistía. Uno de los proyectos lleva la firma de los diputados Benedetti, Cusinato, Ulises Forte, Ricardo Gil Lavedra, Elsa María Álvarez, Mariano Fiad, Miguel Ángel Giubergia, Silvana Giudici, Juan Pedro Tunessi de la Unión Cívica Radical y de Elisa Carrió (CC), Lisandro Viale (PS), y Lidia Satragno y Federico Pinedo del PRO. El segundo de los proyecto fue presentado por Cremer y Gustavo Zavallo, del bloque del Peronismo Federal, según consigna UNO.
Además, la comisión tenía previsto debatir un proyecto de ley contra la criminalización de la protesta social que en caso de aprobarse podrá ser debatido en el recinto de la Cámara baja. La iniciativa en cuestión fue presentada por los diputados Horacio Alcuaz, Gerardo Milman, Margarita Stolbizer, María Virginia Linares y Fabián Peralta del GEN, y por los diputados de la Coalición Cívica Héctor “Toti” Flores, Fernanda Reyes y Fernanda Gil Lozano.
Además, el proyecto lleva la firma de los diputados de Proyecto Sur Fernando “Pino” Solanas, Claudio Lozano y Liliana Parada, del socialista Ricardo Cuccovillo, de Eduardo Macaluse (SI), Cecilia Merchán (Libres del Sur) y de la diputada de la UCR María Luisa Storani.
El proyecto de ley tiene por finalidad “garantizar el derecho a la participación popular en la vida pública, el derecho a organizarse en sus distintas formas, así como a la protesta social, a fin de evitar su criminalización”, publicó parlamentario.com.
Para los diputados se trata de una “práctica que se ha arraigado en el accionar diario de algunos magistrados y fiscales que han propiciado la intervención de las fuerzas de seguridad y han sujeto a proceso a ciudadanos que, en ejercicio de su legítimo derecho de peticionar ante las autoridades, participan en organizaciones, movilizaciones sociales, huelgas o diversos actos populares contra políticas sociales y económicas”.
En este sentido la norma establece que “se dispone la extinción de la pena y/o la acción penal en todas las causas judiciales contra personas imputadas a raíz de su participación en hechos ocurridos con motivo o finalidad” de diversas reivindicaciones sociales.
