La concurrencia a Arroyo Verde se da por una iniciativa de Paola Robles, en la última asamblea ampliada en el Club Frigorífico. Allí explicó las razones por la que proponía ir al paraje distante a diez kilómetros del Puente Internacional.
El objetivo es hacerse presente “para decir que no se cumplieron los puntos, trazaremos un plan de lucha durante septiembre, vamos a demostrar a quienes dicen que el conflicto está cerrado que seguimos movilizados planteando que Botnia se tiene que ir”.
En tanto, la ruta se va a cortar “en función de cómo se de la situación, depende de cuántos seamos”, aunque confió “en la presencia de muchos que no bajan los brazos”.
En tanto, la invitación a la concentración se acrecentó por parte de la Asamblea, a través de comunicados, notas y mails a miles de ciudadanos. Raúl Almeida señaló a Radio Cero que “se debe participar porque es nuestro derecho manifestarnos. Más allá de las distintas posturas, ha sido una característica de la organización de respetar las decisiones y apoyar lo que se decide por mayoría”, consigna El Día.
El malestar de los asambleístas se evidenció en los últimos días a partir del acuerdo entre los gobiernos argentino y uruguayo para ingresar y monitorear a Botnia; la designación de los representantes de nuestro país sin tener en cuenta la opinión de la comunidad; y las declaraciones del canciller Héctor Timerman sobre su decisión de no dialogar con la Asamblea hasta que “dejen de cortar la ruta”.
Ante este panorama hay confianza en la Asamblea que cientos de vecinos se acerquen a Arroyo Verde y formen parte de las deliberaciones.
Enviaron cédulas judiciales a ciudadanos
La Cámara Federal de Apelaciones de Paraná envió a lo larga de la semana cédulas judiciales a los diez integrantes de la Asamblea Ciudadana Ambiental de Gualeguaychú que fueron querellados por el Gobierno nacional, pero cuatro de ellos las rechazaron porque sus nombres estaban mal consignados, consignó Apf.
Las notificaciones fueron cursadas para que los ambientalistas designen a sus abogados defensores. Es que la Rosada mantiene en pie la denuncia que les imputa la comisión de quince delitos durante los tres años y medio en que mantuvieron cortada la ruta internacional 136, que une a Gualeguaychú con la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a raíz de la protesta contra la pastera Botnia.
Lo confirmó Osvaldo Fernández, uno de los abogados de la Asamblea, quien también integra la lista de ambientalistas querellados por el gobierno. Entre los supuestos delitos que se les imputa figuran los de homicidio culposo, amenazas, apología del delito, sedición y atentados contra el orden constitucional y la vida democrática.
Esa es la novedad que se produjo en la causa que comenzó a tramitarse en el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay y que desde julio -cuando avanzó el acuerdo entre los gobiernos de ambas orillas- casi no registraba movimientos.
Junto con las notificaciones a los ambientalistas, el martes también se corrió traslado del expediente al fiscal General de la Cámara, Ricardo Álvarez, quien tendrá cinco días para expedirse.
Álvarez podrá confirmar o desestimar el planteo efectuado en julio por la fiscal subrogante de Concepción del Uruguay, Daniela Neyra, quien cuestionó la resolución del juez subrogante Gustavo Pimentel. El magistrado había rechazado el planteo del Gobierno aduciendo que debía tenerse en cuenta “el contexto social imperante” durante la protesta contra la instalación y posterior funcionamiento de la planta de celulosa de la firma Botnia, hoy controlada por UPM.
Neyra compartió el planteo del Ejecutivo al considerar que los asambleístas debían ser citados a declaración indagatoria. Por eso recurrió la decisión de Pimentel y el expediente fue girado a la Cámara de Apelaciones de Paraná.
