Para llevar adelante su demanda en la Corte Internacional de Justicia, la Argentina contrató a cuatro prestigiosos abogados europeos a los que, además, les abonó viáticos. Sus honorarios suelen correr por hora, para trabajos que en este proceso duraron hasta tres días de audiencias y requirieron de reuniones previas. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostiene que revelar esta cantidad también puede «poner en riesgo la posición argentina en la controversia».
Un cronista de Clarín comenzó pidiendo la información a la Cancillería de manera informal. Luego lo hizo a través del decreto de Acceso a la Información, dictado por el presidente Néstor Kirchner con el fin de dar «lugar primordial a los mecanismos que incrementan la transparencia de los actos de gobierno».
En el primer caso, la solicitud fue rechazada. Y en el segundo, vencido los plazos que establece el propio decreto 1.172/03, no hubo ninguna respuesta.
Entonces se presentó una acción de amparo. En ese momento es cuando la Cancillería argumentó que, por más que el dinero que cobran estos abogados sea público, se encuadran en una excepción que prevé el decreto sobre secretos de Estado «vinculados a seguridad, defensa o política exterior». La demanda la realizó la Asociación por los Derechos Civiles (ADC).
La semana pasada, un juez subrogante en lo Contencioso Administrativo, Esteban Furnari, rechazó el amparo. No analizó si a la Cancillería le corresponde o no dar esta información, sino que se restringió a cuestiones formales. Dijo, a diferencia de lo que sucede en la Justicia de la Ciudad y en la de la provincia de Buenos Aires, que el amparo no es la vía idónea para estos casos. El fallo será apelado.
Al contestar la demanda, la Cancillería -por medio de su apoderado, Fernando Gago- afirmó que todo lo vinculado al diferendo entre Argentina y Uruguay en la Corte de La Haya tiene «carácter reservado».
Ambas delegaciones viajaron cuatro veces a Holanda para mantener audiencias -públicas- con un equipo reforzado. Los juristas contratados fueron Alain Pellet, francés, ex presidente de la Comisión de Derecho Internacional de la ONU; Philippe Sands, inglés, socio de Cherie Booth, esposa del ex premier Tony Blair; Marcelo Kohen, rosarino radicado en Suiza, profesor en la Universidad de Ginebra, y Laurence Boisson, suiza, de la misma universidad.
