El revoleo de acontecimientos judiciales de fin de año salpicó también al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti. El fiscal federal Federico Delgado impulsó una investigación por presuntos "comportamientos encaminados en concentrar la administración y control de los recursos financieros que corresponden al Poder Judicial de la Nación". Se trata de la primera imputación seria en contra de la cabeza de uno de los tres poderes del Estado.
Delgado no le atribuyó delito alguno a Lorenzetti; sólo se limitó a opinar que la denuncia, formulada por la diputada porteña por la Coalición Cívica Paula Olivetto Lago, merece una investigación para determinar si hubo o no responsabilidad del presidente de la Corte en la maniobra reprochada, que no es ni más que la concreción de una serie de "procedimientos" mediante los cuales "se habría desactivado y pasado a manos de personas de suma confianza del presidente de la Corte y Consejeros de la Magistratura con los que mantiene una misma sintonía política" el manejo presupuestario.
Olivetto describió tres supuestas etapas de esa maniobra: la transferencia de estructuras propias del ámbito de actuación y control del Consejo de la Magistratura a la órbita de la Corte Suprema; el proceso de desarticulación de los mecanismos de toma de decisiones y control interno de la administración y gestión de los recursos económicos y financieros del Poder Judicial y la débil intervención de la Auditoría General de la Nación en los controles que debe ejercer sobre la administración de recursos del Poder Judicial.
Según la denunciante, se trata de una presunta "ingeniería burocrática elaborada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, y los Consejeros (de la Magistratura) con una misma sintonía política, en pos de obtener el manejo de los recursos financieros del Poder Judicial de la Nación".
¿Cómo se habría concretado la secuencia? De acuerdo con lo que recogió el fiscal en su dictamen, de cinco páginas y al que tuvo acceso Tiempo, "el sistema de control interno y externo de la gestión de recursos presupuestarios del Poder Judicial de la Nación se habría desactivado y pasado a manos de personas de suma confianza del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y Consejeros con los que mantiene una misma sintonía política". El documento incluye más de una decena de nombres, en ese sentido: desde el consejero de la Magistratura y ex presidente de la Asociación de Magistrados Luis María Cabral hasta el ex representante del Ejecutivo en ese cuerpo, Hernán Ordiales, pasando por los jueces Luis María Bunge Campos, Miguel Gálvez, Alejandro Sánchez Freytes y Ricardo Recondo y otros funcionarios del área de administración del Consejo de la Magistratura.
El fiscal pidió al juez a cargo del expediente, el magistrado federal Luis Rodríguez, y registrada bajo el número 11.976/14, que le "requiera a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Procuración del Tesoro que designen un experto cada uno, para que de manera conjunta analicen la verosimilitud de la genealogía resumida en el punto VII de la denuncia, que alojaría la dinámica mediante la cual el Sr. Lorenzetti habría orquestado la desarticulación del sistema de control externo e interno de la gestión de los recursos presupuestarios del Poder Judicial de la Nación."
Sospecha que existió "una disputa política entre los dos cuerpos del Poder Judicial de la Nación", la Corte y el Consejo de la Magistratura, "donde el bien buscado no era otro que la administración y control de los recursos financieros del Poder Judicial". Un trabajo paciente, que habría comenzado a construirse, según la diputada Olivetto, en 2008, cuando –según sostuvo– "desde la Presidencia de la Corte se habría continuado con la misión de captar para sí ciertas oficinas claves en el funcionamiento del Consejo, ya que al contar con el apoyo del estamento judicial y los representantes oficialistas de ese cuerpo podían aprobar las resoluciones necesarias para lograr su objetivo". «
CHAPONazo
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"Hay que investigar"
Paula Oliveto Lago, legisladora porteña de la Colación Cívica (CC) e impulsora de la denuncia que involucra al magistrado Ricardo Lorenzetti, sostuvo que, más allá de las peculiaridades del caso y lo que determine la justicia, "en un sistema republicano, ante la más mínima sospecha sobre el manejo de fondos de un juez de la Corte Suprema, se tendría que estar allanando y pidiendo que se investigue". En diálogo con este diario, Oliveto Lago recordó que la denuncia que presentó fue "en base a documentación oficial" y que, hasta el momento, desde la Auditoría General de la Nación (AGN) respondieron ante la consulta de la CC que el Comité de Inversiones "no fue objeto de control". Se trata de una repartición manejada por un hombre cercano al presidente del máximo tribunal de justicia.
