“Creemos que el proyecto presentado por nuestro bloque tenía otros puntos importantes que finalmente no fueron incorporados, como determinar sanciones específicas para funcionarios que incumplan con la ley, por ejemplo; aún así, logramos que, del debate y trabajo en comisiones y luego en el recinto, se incluyeran elementos que enriquecen el instrumento del Habeas Data”, contó el diputado.
López subrayó la importancia de que en la Legislatura entrerriana se discutan con profundidad y se sancionen institutos que protejan y amplíen los nuevos derechos y garantías constitucionales recientemente incluidos en nuestra Constitución, que son importantes porque amplían el margen de acción y participación de los ciudadanos.
Destacó también que es “sumamente importante que -una vez sancionada la ley en el Senado-, se difunda y extienda en la ciudadanía la posibilidad de recurrir a este instrumento que atiende a situaciones concretas de la vida diaria de las personas”, explicó.
“Para graficar con situaciones que son frecuentes: podrá recurrirse a la acción de habeas data cuando se quiera corregir datos personales inexactos de una lista de morosos una vez cancelada la deuda, o cuando la demora en la actualización de esos datos perjudique futuros negocios o lesione el buen nombre de una persona”, expresó.
Las incorporaciones propuestas por el diputado radical al texto que ayer recibió media sanción incluyen la ampliación del campo de la competencia del juez para intervenir en la causa en favor del perjudicado que entable una demanda de habeas data. El artículo anexado dice “será competente para entender en esta acción el juez del domicilio del actor, del demandado o el del lugar en que el acto o hecho tuviere lugar o pudiera tener efectos, a elección del actor”.
Otro punto en el que la bancada radical hizo serio hincapié fue la incorporación de instancias de control: una dependencia ya existente del Ministerio de Gobierno será la encargada de llevar los registros, habilitaciones y demás funciones administrativas, y deberá presentar un informe ordinario anual, mientras que una comisión bicameral integrada por diputados y senadores supervisará lo actuado y podrá solicitar informes especiales a ese órgano.
Además, los radicales promovieron la incorporación de un plazo de 180 días contados desde la entrada en vigencia de la ley para que registros, archivos, bancos o bases de datos destinados a proporcionar informes que ya existen se adecuen a sus disposiciones.
