En primer lugar, el proyecto define a la publicidad oficial. “Creo que es el núcleo de la norma”, aseveró. Para López, la publicidad oficial tiene que tener una finalidad que apunte a la información. “No podría contratar una publicidad que diga ‘Gobierno de Entre Ríos trabajando por los entrerrianos’ ¿Cuál es el mensaje hacia la población que es el destinatario del servicio oficial? Ninguno”, sostuvo.
Como ejemplo para el área de salud, explicó que un caso podría ser: “si usted tiene hijos de uno a seis años de edad y le falta determinada vacuna, sepa que puede concurrir al centro de salud de su barrio o al hospital de su ciudad y darle la vacuna gratuita en tal horario”.
En el último caso, la publicidad tiene sentido. “La otra directamente va a estar prohibida, no se va a poder hacer más. El Estado va a tener que dar un mensaje que sea útil para el destinatario”, indicó.
No hay antecedentes en la materia. “No existe en la provincia legislación al respecto, en realidad en el país salvo en la provincia de Tierra del Fuego que no es una ley sino un decreto de la gobernación porque no existe tampoco legislación”, puntualizó López.
“Hemos tomado algunos trabajos que han hecho distintas fundaciones e instituciones como Transparencia (Internacional) y la Asociación de Derechos Civiles, y también legislación extranjera como la ley de Canadá y de España”.
No obstante, el aspecto más importante es la distribución de la publicidad oficial. López explicó que el proyecto establece la obligación del área de Gobierno concerniente a establecer un presupuesto sobre las campañas a realizar durante el año y cuanto dinero piensa gastar al respecto. “El presupuesto se divide en función de la cantidad de población o de los potenciales destinatarios de la publicidad y no de otra forma”, añadió el diputado.
“Cada campaña va a ser licitada en forma separada y van a tener que competir los medios de los departamentos. No va a tener que competir un medio de Feliciano con un medio de Paraná o un medio de Concordia con uno de Villaguay”, explicó. En cada departamento, los medios van a ser agrupados por categoría: radio, televisión, gráfica e Internet.
Posteriormente se debe llevar a cabo una licitación donde participen los distintos oferentes que obtendrán un puntaje. El resultado surge del promedio del puntaje que obtenga el medio en función de la penetración (radio), de la tirada (diarios) o la cantidad de visitas (Internet). “quien obtenga mayor puntaje va a ganar la licitación”.
De todas formas, aclaró que el ganador no se va a llevar el 100 % de la partida. “Quienes salgan segundo, tercero o cuarto o en los puestos siguientes van a también poder, igualando las condiciones del ganador, recibir un porcentaje de la partida menor que quien la gana de manera tal que la cantidad de medios contratados sea más amplia y el resultado buscado también: mayor cantidad de medios contratados, mayor eficacia de la campaña”, explicó
Acceso a la información pública
En la actualidad, el franqueo a los expedientes de gobierno exige muchos requisitos, formularios y trabas y le otorga al Ejecutivo un plazo extenso. López recalcó que no se contemplan sanciones al funcionario que no entrega los datos requeridos.
“Hay leyes en otras provincias que están vigentes y contemplan sanciones al Estado, al poder requerido. Si un ciudadano requiere una información del poder Ejecutivo y el Ejecutivo no cumple con el requerimiento de brindar la información necesaria en tiempo y forma, lo que sucede es que puede haber una sanción al poder Ejecutivo pero no al funcionario”, ejemplificó el legislador.
En cambio, el proyecto del radicalismo contempla sanciones a los funcionarios que incumplan con la normativa. “Los funcionarios que son los responsables de brindar la información, de evacuar el pedido y de hacer caminar el expediente en definitiva si no cumplen paguen con su propio salario”, argumentó.
Otra cuestión incluida, de importancia para el interior de la provincia, es que se pueda iniciar el trámite en cualquier localidad, “de manera que los ciudadanos que son del interior no tengan que viajar hasta la capital para iniciar el requerimiento de acceso a la información.
