El juez Ariel Lijo había dictado su sobreseimiento, pero ahora la Sala II de la Cámara Federal porteña volvió atrás e indicó que fue "prematura" la desvinculación de Hernán Lombardi, en una causa que se inició tras una denuncia de la Procelac un año atrás, por presunto lavado de dinero.
El actual titular del Sistema de Medios Públicos era investigado junto a Matteo Goretti Comolli, presidente de la fundación "Pensar Argentina" y Facundo De Almeida, integrante del Consejo de Promoción Cultural de la Ciudad, por haber utilizado fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural mientras Lombardi dirigía la cartera cultural de la Ciudad.
Ahora, la Cámara retoma el criterio del fiscal Diego Velazco, valiéndose de que existen "diligencias pendientes de producción" que impiden "arribar a un pronunciamiento definitivo como el recurrido, imponiéndose por ende la revocación de lo decidido".
La denuncia original de la fiscal Paloma Ochoa era por supuesto lavado de activos, sin embargo, Velazco consideró que esa hipótesis debe ser descartada pero que debe investigarse bajo otra figura legal. El dictamen del funcionario del ministerio público describe que durante la investigación "comenzó a establecerse que a través del régimen de mecenazgo cultural se habría producido una defraudación a la administración pública, perniciosa a las arcas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Ochoa denunció a Lombardi en septiembre de 2015, a raíz de una investigación de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) que apuntaba a que Goretti Comoli, "valiéndose de la Fundación CEPPA e invocando fraudulentamente el Régimen de Promoción Cultural de la CABA -Ley N° 2264- reunió recursos del GCABA (al menos .302.153) por intermedio de actos administrativos dictados por Hernán Lombardi en su rol de ministro de Cultura del Gobierno capitalino".
La investigación pretendía determinar, según Ochoa, si Goretti Comolli utilizó a la Fundación "Centro de Estudios Políticas Públicas Aplicadas" (CEPPA), que también presidía, como una plataforma para desarrollar una ingeniería de lavado de activos previamente sustraídos de manera fraudulenta del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la materialización de donaciones en favor de la Fundación "Pensar Argentina" y cuyo unívoco objeto consiste en ser la usina de ideas del partido PRO, conforme reza su página web.
El dictamen del funcionario del ministerio público describe que durante la investigación "comenzó a establecerse que a través del régimen de mecenazgo cultural se habría producido una defraudación a la administración pública, perniciosa a las arcas del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
