En su escrito, Loggio argumenta que «la causa fue armada con el objeto de privar de su libertad a Secco» y así «proscribirlo para las próximas elecciones, por la sola razón pública y notoria del fuerte compromiso que tiene con su pueblo y con todo nuestro país». Este hecho «atenta contra la democracia y contra todo el arco político y republicano», sentenció.
«Es una práctica perpetrada de modo sistemático por parte del Gobierno anterior, encabezado en la Nación por Mauricio Macri, en Buenos Aires por María Eugenia Vidal y evidentemente alineada con actitudes antidemocráticas perpetradas a través del Poder Judicial, contra referentes y dirigentes comprometidos con el Proyecto Nacional», remarcó más adelante.
· La denuncia
En su proyecto, Loggio recuerda que «este caso se inició el 14 de diciembre de 2017, en el marco de una violenta e inaudita represión por parte de la policía bonaerense» en contra de trabajadores concentrados en las inmediaciones de la Legislatura provincial.
Dicha manifestación se realizó porque se estaban tratando «once leyes que no contaban con despacho de Comisión; que fueron remitidas por el Poder Ejecutivo tan sólo 48 horas antes de la sesión y que tenían como consecuencia la vulneración de los derechos laborales y previsionales de los allí convocados», remarcó luego.
Según detalla el diputado concordiense, cuando la sesión pasó a cuarto intermedio, se invitó a Secco (quien participó de la manifestación) a ingresar al recinto «donde exhibió los elementos represivos que se estaban utilizando en las inmediaciones por la policía, como cartuchos y proyectiles, contra los trabajadores e incluso contra su propia persona».
En este sentido, Loggio enfatizó que, durante la exposición del intendente de Ensenada, «no existió un delito de flagrancia» y que la Cámara «es un ámbito cerrado y sin televisación para que pudiera actuar de oficio ante la Comisión de un posible acto disvalioso que tipifique un delito de acción pública».
Sin embargo, y «transcurridas más de dos horas y media desde que se retirara Secco del recinto, ingresó a la Legislatura bonaerense el Agente Fiscal, Condomí Alcorta, quien estaba entonces a cargo de la Fiscalía de Flagrancia» a pesar de que «no podía actuar legalmente porque no existía delito (ya que Secco había abandonado el recinto cuando él llegó) y por no existir denuncia que enerve la jurisdicción ni transmisión de la sesión, ya que se encontraba en cuarto intermedio», continuó Loggio.
No obstante, «el Procurador General bonaerense, Julio Conte Grand, emprendió una investigación contra ‘Mario Secco y otros’ y abrió una causa por ‘coacción agravada, resistencia a la autoridad y perturbación al ejercicio de funciones públicas’, recordó el legislador para luego subrayar que todo el accionar fue «premeditado e ilegal».
En este sentido, Loggio explicó que «la causa fue elevada a Juicio Oral y el sorteo destinó el legajo al Tribunal Oral Criminal II, donde se designó al Fiscal de turno y de Juicio natural, Juan Pablo Caniggia».
«La causa estuvo sin actividad más de un año hasta que la diputada de Ensenada y miembro del espacio político de Secco, Susana González, denunció penalmente al Procurador de la Corte por el encubrimiento de un hecho de corrupción en el Astillero ‘Río Santiago'», sostuvo luego.
Según el legislador de Concordia, esto provocó que «Conte Grand instruya al Fiscal Gral., Héctor Vogliolo, para que aparte del juicio a Caniggia y nombre en su reemplazo a Marcelo Romero sin fundamentación legal alguna y violando flagrantemente la prelación reglamentaria del Ministerio Público».
