En efecto, el hecho sucede que luego de la entrega de las tarjetas que reemplazaron a los bonos del Programa Alimentario Familiar y del Programa de Refuerzo Alimentario Focalizado, quedaron al menos 5.000 plásticos sin retirar porque las identidades, direcciones u otros datos de los beneficiarios habrían estado adulterados.
El titular del Sistema de Crédito de Entre Ríos (Sidecreer), Juan José Canosa, confirmó que quedaron sin retirar miles tarjetas por presentar adulteración en los datos, lo que imposibilitaba su entrega dado que esta vez se hizo en forma personalizada y contra la presentación del documento de identidad.
Pese a la cautela de Canosa, fuentes cercanas a Sidecreer señalaron que la cifra llegaría a 9.000 al referirse a las tarjetas “con datos truchos” y si bien se considera que puede existir un margen de error, se cree que en el 90% de los casos se trata de maniobras para apropiarse indebidamente del beneficio.
Canosa explicó que la situación no los tomó por sorpresa, ya que incluso en la gestión del ex ministro Gustavo Bordet, entre 2005 y 2007, se había intentado esclarecer el tema.
El funcionario provincial dijo también que el actual titular de la cartera social, Giano, había advertido sobre la situación y que uno de los objetivos del cambio de los bonos por tarjetas era aclarar lo que ocurría.
Canosa dijo que los primeros indicios aparecieron cuando se intentó llevar adelante el reparto domiciliario. “De 15.667 tarjetas se entregaron 10.790 y nadie reclamó el resto”, señaló. La diferencia, en esta primera operatoria, fue de 4.877 tarjetas.
El titular de Sidecreer también fue cauto al evaluar el monto del supuesto fraude, señalando que serían “no menos de 500.000 pesos mensuales”, aunque las mismas fuentes extraoficiales ya mencionadas, aseguraron que la cifra podría llegar al millón de pesos.
Si bien se estima que la tarea de la investigación no será sencilla, el recorrido se iniciará con la presentación del informe por parte de Sidecreer a Giano.
Luego el ministro deberá dar intervención a la Fiscalía de Estado para que lleve adelante la investigación sumaria, tendiente a detectar si hubo perjuicio para el patrimonio de la Provincia y también quiénes son los responsables administrativos, según explicó ayer el fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes.
Si se tuvieran indicios de la existencia de un delito, el ministro está obligado a realizar la denuncia penal del caso.
En Sidecreer se comentaba ayer que buena parte de la “virulencia” con que algunos sectores criticaron el mecanismo de distribución de las tarjetas tenía que ver con que se iba a poner en evidencia un manejo irregular. “Hubo casos en los que en los clubes poníamos un cartel con datos de la distribución y manos anónimas lo reemplazaban por otro para confundir a la gente”, señaló uno de los responsables del operativo a diario Uno.
Una de las dudas que se plantea ante este caso es cuál será el destino de los fondos que iban a manos de miles de beneficiarios inexistentes. Según Canosa, existe la posibilidad de reasignar esos montos al resto de los beneficiarios para mejorar la asistencia, aunque requiere de una autorización del gobierno nacional.
