El Decreto de Desburocratización del Estado, firmado por el Presidente Macri en el mes de enero pasado, dispuso en la letra chica la privatización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad. En efecto, el decreto habilita a la ANSES a constituir fideicomisos con los recursos del FGS sin la autorización del Congreso. Con lo cual, a través de una mera resolución de ANSES, el funcionario de turno puede repartir a discrecionalidad la totalidad de los recursos del Fondo, eligiendo el banco, la financiera o fondo de inversión que administrará los recursos y cobrará comisiones y honorarios por ello.
En el momento de constituirse un fideicomiso, la ANSES cede la propiedad sobre los recursos del Fondo y se encomienda su administración a una entidad financiera, por un plazo de tiempo que puede extenderse hasta 30 años. El fideicomiso constituye el vehículo que permite transferir los recursos desde la órbita de ANSES al sector privado sin necesidad de una legislación adicional que lo habilite.
Las propias declaraciones de los funcionarios nacionales no hacen intentos por desmentir la privatización. El pasado miércoles, Diputados de la oposición le consultaron al jefe de Ministros Marcos Peña, si el Banco de la Nación Argentina iba a ser el único administrador de los fideicomisos que se constituyan a partir de la implementación del decreto, y respondió que llegado el momento, se analizará la oportunidad, mérito y conveniencia al momento de designar el fiduciario. En pocas palabras, están abiertas todas las posibilidades para que el sector privado financiero se haga de los fondos de la seguridad social.
Volvieron las Administradoras de los Fondos de Jubilados y Pensionados (AFJP) pero esta vez de una manera diferente. En esta primera etapa no se trata de un contrato entre el trabajador en actividad y una entidad financiera a la que se encomienda administrar los aportes para el retiro, sino que se trata de un acuerdo entre la ANSES y el sector privado financiero.
El asalto al Fondo de Garantía de Sustentabilidad constituye la primera etapa de la vuelta de las AFJP. En esta primera etapa, las administradoras no son responsables frente a los jubilados y no tienen la responsabilidad de pagar una pensión en el futuro, solamente disfrutan y se capitalizan a costa de la rentabilidad que genera la administración de los activos del FGS. El segundo paso será desviar el flujo de los aportes personales de los trabajadores en actividad hacia cuentas de capitalización individual, administrada por estas mismas entidades.
Así lo confirmo el Secretario de la Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, quien admitió en una entrevista realizada por el diario Clarín que el gobierno está avanzando en un proyecto de reforma estructural del sistema previsional, que será presentado al Congreso en el año próximo. Este proyecto pretende implementar la figura del ahorro voluntario e incorporar eventualmente la administración privada de estos recursos .
Las AFJP volvieron por un negocio más lucrativo del que perdieron al momento de la re-estatización. En noviembre del año 2008, disponían de un stock de activos que contabilizaban una suma cercana a los .000 millones de pesos, el 6.9% del PBI. En esta oportunidad, están en condiciones de hacerse con un stock que supera los 1.2 billones de pesos, el 12% del PBI. La eficiencia de la gestión estatal les permitió duplicar el capital en tan solo diez años.
Con la privatización del FGS, el Estado no sólo delega la sustentabilidad del sistema previsional en la gestión privada, sino que al mismo tiempo renuncia a ejercer un instrumento que permite reactivar la economía en momentos de recesión, a través del financiamiento a proyectos de inversión productiva en la economía real y brindar financiamiento al sector privado para evitar la pérdida de puestos de trabajo. Más aún, si se considera el financiamiento a proyectos de desarrollo tecnológicos y educativos que resultaron posibles de implementar gracias al FGS, como fuera Conectar Igualdad.
Con la nueva regulación, la seguridad social se convierte en un bien de mercado. La ANSES estará en condiciones por ejemplo de encomendarle a una entidad financiera la administración de los préstamos Argenta otorgados a las familias más vulnerables que perciben la Asignación Universal por Hijo. Si se constituye un fideicomiso financiero con estos préstamos y se buscan inversiones del sector privado en el fideicomiso ¿Qué tasa de interés tendrán que pagar las familias más vulnerables para que al inversor le resulte rentable invertir en el fideicomiso? Tal vez esto explique el otorgamiento de préstamos Argenta a una tasa anual del 27% cuando se proyecta una inflación del 15% para el año 2018.
Que una medida de la dimensión social, económica y previsional como es la Privatización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, se haya realizado en primer momento por decreto y posteriormente se presente en el marco de un proyecto de ley de "Desburocratización y simplificación del Estado", constituye uno de los mayores atropellos a la institucionalidad del Congreso que se hayan generado al menos desde el retorno de la democracia.
De aprobarse en el Parlamento el mega DNU 27/2018, devenido en proyecto de ley, la casa de las leyes habrá refrendado por complicidad, omisión o ignorancia la privatización del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
