En Entre Ríos, al no haber colegiación de los médicos, el control y otorgamiento de la matrícula corre por cuenta del Estado provincial, aunque ese es un aspecto que podría cambiar si prospera un proyecto de ley con media sanción del Senado que crea el colegio médico.
El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, dijo que dará intervención al Ministerio Público Fiscal, y también a la Secretaría de Salud, aunque paralelamente la investigación seguirá adelante a nivel de la Dirección de Sumarios para determinar responsabilidades.
El profesional involucrado es el médico Alberto Francisco Raiteri quien durante dos años justificó las ausencias de un empleado de Rentas, supuestamente afectado por un estado depresivo, aunque en la realidad se hallaba de viaje por Europa.
La situación fue abordada en una investigación que tiene en marcha la Dirección de Sumarios, adonde el médico Raiteri ya prestó declaración en el sumario iniciado. Según se desprende del expediente abierto, cada mes, entre los días 4 y 8, entre enero y diciembre de 2006, el psiquiatra Raiteri extendió certificados médicos a un empleado de Rentas de Diamante en los que consignaba un diagnóstico parecido: “trastorno depresivo”. Y acto seguido establecía la necesidad de que debía “permanecer alejado de su actividad laboral por un lapso de 30 días”.
Pero puesto al trasluz el entuerto, se descubrió que durante el tiempo en el que supuestamente el empleado había concurrido periódicamente al consultorio de su psiquiatra, estaba de viaje por Europa y México. La información la aportó la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del Ministerio del Interior: de acuerdo a esos registros, el empleado salió por el Aeropuerto de Ezeiza el 23 de diciembre de 2005 e ingresó de vuelta el 5 de enero de 2009.
En ese mismo lapso, el empleado, según los diagnósticos de Raiteri, estaba afectado por un cuadro depresivo y por eso no cumplía con su trabajo.
El fiscal de Estado no dudó en rotular de “escandaloso” el trámite de otorgar certificados médicos con diagnósticos simulados, y por eso se mostró firme en ordenar distintos procedimientos en lo inmediato de modo de conformar un caso “testigo” que permita avanzar en situaciones que se sospechan pero que rara vez quedan al descubierto.
“Acá no solamente está la denuncia penal, que vamos a motorizar a través del Ministerio Público Fiscal, sino que además deberá tomar intervención Salud por la cuestión de la matrícula, porque el Estado tiene el control de la matrícula. Y por supuesto se avanzará con el sumario que ya se inició”, destacó el funcionario.
El expediente, que ya acumula valiosos elementos, pone blanco sobre negro y destaca sin medias tintas que “de acuerdo al detalle de los movimientos migratorios de la Dirección Nacional (de Migraciones) el doctor Raiteri ha procedido a entregar certificados médicos a un agente del Estado Provincial que no se encontraba en el país, lo que no coincide con lo declarado ante esta Instrucción”.
De ese modo, en Sumarios llegan a un primera conclusión: que el psiquiatra Raiteri “ha incurrido presuntamente en delito de falso testimonio previsto en el Artículo 275º del Código Penal”; y que el hecho de que el empleado haya presentado, o haya hecho presentar, ante la Administración Pública certificados médicos “que dan cuenta de una constatación por parte de un profesional cuando por su ausencia del país ello no fue real”.
Claro que la investigación no sólo afecta al psiquiatra sino también al empleado de Rentas. El 7 de marzo de 2007, luego de dos años de viajes por Europa que fueron encubiertos por diagnósticos por “depresión” que justificaron sus ausencias al trabajo, el dependiente de Rentas decidió presentar su renuncia. Aunque el trámite no lo hizo personalmente, sino a través de tercero.
El decreto N° 2.980, del 5 de agosto de 2009, por el que se le abrió un sumario administrativo, señala que ese día se presentó ante la delegación Diamante de Rentas la señora “Elina Lucila Garay, adjuntando poder especial para trámites y actos de administración, mediante la que comunica la aparente decisión” del empleado de “renunciar al cargo” que ocupaba en la DGR.
El modo cómo se tramitó la renuncia permitió al área jurídica de Rentas empezar una investigación, más aún cuando se habían acumulado, entre diciembre de 2006 y abril de 2007, casi cinco meses de inasistencias injustificadas.
Cuestionan que un privado liquide salarios en el Estado
A principios de octubre de 2009, el Gobierno anunció la aplicación de un nuevo sistema para liquidar los sueldos en el Estado que, en teoría, bajaría el índice de error, y consecuentemente, de reclamos.
El denominado sistema de gestión de recursos humanos y liquidación de haberes, se dijo, buscaría ordenar la información existente para la toma de decisiones y el control del gasto.
“Desde que asumimos dijimos que la incorporación de tecnología de gestión iba a ser una de las improntas de mi gobierno. Este nuevo sistema de liquidación de sueldos impacta en miles de empleados públicos y sus familias y va a evitar una maraña de trámites, errores y superposiciones. Va a ser todo mucho más transparente, ágil y mejor supervisado”, dijo el gobernador Sergio Urribarri entonces, al leer un informe de avance de esos cambios.
El diseño de ese sistema fue realizado por la consultora Relevamientos Catastrales de Buenos Aires, que ganó la licitación pública realizada en 2008.
El nuevo sistema permite, dicen las autoridades, tener más control sobre los datos de los trabajadores, ya que anteriormente si una persona trabaja en Salud y pasaba a la Policía el traspaso administrativo se realizaba manualmente, mientras que ahora será automático. Además, el nuevo sistema permite un chequeo permanente con el Registro Civil. De esta manera, si un trabajador fallece la baja es inmediata, mientras que en la actualidad depende del organismo al que prestaba servicios.
Pero la aplicación del nuevo mecanismo ha deparado varios contratiempos. Los que lo sufrieron en carne propia fueron los trabajadores no docentes del Consejo General de Educación (CGE) que este mes no pudieron cobrar sus salarios a tiempo.
Los problemas también alcanzaron a los usuarios de la tarjeta Sidecreer: por otro “error”, no les fueron debitados los gastos, y por lo tanto, sin “pagar” los gastos, quedaron sin saldo disponible.
Susana Cogno, vocal gremial del Consejo de Educación, pone en dudas el trabajo que está realizando la consultora contratada por el Gobierno, y la reforma global en el sistema de liquidaciones de sueldos, que en breve alcanzará también a ese organismo.
“No hay comunicación oficial respecto a cuáles son los limites del trabajo de la consultora, ni cuánto se le pagó. Esto es algo que nos preocupa muchísimo sobre todo a partir de lo que pasó este mes con 600 empleados del Consejo que no pudieron cobrar sus salarios”, señaló.
Un informe que produjo la dirigente, y que circula entre las distintas seccionales de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), pone el acento en el hecho de que “luego de varios meses de incertidumbre, con informaciones escasas y difusas, comprobamos las consecuencias de la implementación del nuevo sistema de liquidaciones de sueldos y de manejo de recursos humanos”.
Al respecto, señaló que “se contrata una consultora que desde el lugar de lo privado, asesora y vende sus servicios al Estado. El sistema educativo conoce de estos remedios. La receta de nuestros males en educación ha sido probada suficientemente, con la consigna casi iluminista de que un sistema informático serviría para remediar todos los problemas de más de treinta años sin solución”.
“Cada reclamo involucra un derecho vulnerado, menor salario, más de tres meses en algunos casos para cobrar cargos y horas nuevos, seis meses de retraso para cobrar prenatales y nacimientos, demora o ausencias en el pago del código de transporte, retraso de tramites cotidianos y jubilatorios, largas esperas, y hasta malos tratos, en algunos casos”, indicó.
Y agregó: “Los docentes todavía no hemos ingresado al ensayo de la centralización, pero tenemos como preocupación enorme que va a pasar cuando esto suceda”.
“El manejo centralizado de todos los datos en relación a regimenes de licencias, derechos consagrados en estatutos y normativas, el manejo de los legajos de personal, etc. puede tener consecuencias que van mucho más allá de un mero ordenamiento de las liquidaciones. Esto es materia de preocupación y debe serlo para el conjunto de la clase política, en el análisis jurídico de sus implicancias”, planteó Cogno.
Fuente: El Diario
