Asimismo, Etchepare dijo que la empresa «jugó con las necesidades de los trabajadores y los dejó en la calle». Y luego preguntó «¿Dónde están hoy en día los dueños de la empresa? Los que cobraron los subsidios millonarios que fueron otorgados hasta hace poco. ¿Dónde están los dueños de la empresa? Son los responsables de que hoy terminemos así como estamos. Los concordienses sin un servicio adecuado, con mucho tiempo sin poder trasladarse de barrios lejanos a la ciudad y los trabajadores en la calle, sin tener una indemnización como corresponde y sin poder garantizar un plato de comida en sus casas», señaló.
Abrió el debate Gallo, quien sostuvo que el Ejecutivo no suscribió el convenio para que funcione la nueva línea 9 y 9A con la Cámara de Transporte Urbano de Pasajeros porque no es una persona jurídica legalmente constituida con número de Cuil, domicilio constituido ni estatuto de funcionamiento. En realidad, lo suscribió con las diferentes empresas que integran la nueva empresa.
En consecuencia hizo alusión a la parábola del fruto del árbol envenenado. «Si el árbol está envenenado, los frutos también», sostuvo Y concluyó que el decreto que entrega la concesión de la nueva Línea está «envenenado». «El Ejecutivo excedió sus facultades o tal vez las aplicó mal: no tenía autorización para celebrar contratos con empresas: nunca autorizamos eso», indicó Gallo.
Pero Sastre, a su turno dijo, yendo a la cuestión legal, que el decreto expresamente permite suscribir el convenio con «empresas que aporten unidades». Y enumeró las empresas que participan: Turismo Palmares, cinco unidades, Cooperativa Nuevo Expreso, cinco unidades, Cooperativa 12 de Octubre, cuatro unidades y Cooperativa Transportes Concordia Limitada, dos unidades. «No existe ningún exceso de facultades», remarcó.
Más adelante, Sastre dijo que Gallo «aprendió de la oposición» y «hace oposición dentro del oficialismo». Y sostuvo que los argumentos legales que manifiesta encubren la interna política dentro del PJ. Y, en ese terreno, remarcó que quizás quiere «congraciarse con cierto público» pero el Concejo debe tutelar por el bienestar de todos los concordienses. «Si existe un árbol envenenado, es el que está en la Peatonal en la esquina del Carrefour, que no tiene autorización del Concejo para estar ahí», indicó haciendo referencia a la escultura ideada por el ex intendente Cresto.
No obstante, Gallo reiteró que la Cámara de Transportes Urbana de Pasajeros «no existe» de manera legal tal como en otras ciudades. Y luego le reclamó a la oposición que ejerza sus facultades de contralor pero no de manera «servil» «Que controlen pero controlen bien. No con esos pedidos de informes de media carilla para hacer la notita. Ellos hacen la notita y mandan el PDF antes…ellos sí están para la tribuna», reclamó.
A pesar de la carta pública del ex intendente Cresto y del pedido del edil -apelando a la ideología del PJ- de defender a los ex trabajadores dándoles el aval del Concejo para ser incluidos en el emprendimiento, en la votación final volvió a quedar en soledad ya que sus compañeros de bloque levantaron la mano, al igual que los ediles de la oposición, en favor de que el tema sea resuelto por el Ejecutivo sin sugerencia o recomendación alguna.
De nuevo Sastre volvió a cuestionar los argumentos de Gallo al enrostrarle que la cooperativa que agrupa a los ex trabajadores de la Línea 9 tuvo el alta de la AFIP en julio de 2022. «No existían cuando se dictó el decreto», indicó. «No sabemos cuál es su entidad, cuales son sus socios, cuál es su respaldo financiero y no sabemos cuales son las unidades con las que van a presentar el servicio», sostuvo. Y cuestionó la decisión de dejar entrar a una cooperativa que «tiene muchas más dudas que certezas» a prestar el servicio en una empresa que hoy funciona «lo único que vamos a hacer es traer incertidumbre». «No entiendo porque vamos a buscar problemas donde no los hay», dijo, ante el rechazo verbal de los ex trabajadores a quienes el presidente del cuerpo, Daniel Cedro, a pedido de Sastre, los conminó a hacer silencio antes de «tomar otras medidas», en obvia alusión al desalojo de la sala.
A su turno, Carola Laner (JxC) cerró el debate señalando que era un conflicto entre particulares y desde el Concejo no tienen el «rol de árbitro» aunque anteriormente sí adoptaron esa función que no les corresponde. «Transformaron este tema de mucho dolor, debido a los trabajadores que se quedaron sin trabajo, en un tema político por ambiciones desmedidas e irresponsabilidades», indicó. Y luego sostuvo que no van a permitir recibir presiones de «pseudos caudillos» de partidos tradicionales que intentan que se gestionen al estilo «patrón de estancia». «Este municipio no es una Unidad Básica», dijo.
