“La ordenanza obliga a los funcionarios a estar al día con sus impuestos, mientras que la Ley 10.027 reserva las sanciones sólo para aquellos funcionarios que ‘habiendo sido ejecutados legalmente y contaran con sentencia firme, no hubiesen pagado sus deudas’ (art. 72, inciso b) y 73 bis) y ello es completamente diferente”, dijo.
“De hecho, si se analiza el tiempo que puede transcurrir entre que una deuda tributaria se devengue o quede firme administrativamente y el momento previsto en la Ley provincial, la diferencia entre una y otra, teniendo en cuenta lo que son muchas veces los plazos judiciales queda claro que un funcionario podría llegar a pasar prácticamente toda una gestión en el debate de las cuestiones judiciales y las llamadas chicanas”, añadió.
“La ordenanza sancionada avanza en la transparencia creando una forma de evitar que algún funcionario pícaro pueda utilizar los laberintos de la justicia para quedarse en el cargo sin pagar los impuestos. Parece que a Benítez eso no le cayó muy bien; o a lo mejor es un afecto a la crítica estéril que critica y critica, pero que poco hace”, manifestó Lifschitz.
“Cabe aclarar aquí que para que una deuda tributaria quede firme (tal como requiere la Ley 10.027), luego de agotada la instancia administrativa se debe iniciar un proceso judicial en el que el ejecutado puede interponer excepciones, ofrecer pruebas (lo que genera una dilación por el tiempo que lleva luego producir judicialmente esas pruebas), alegar nulidades; más tarde todavía puede apelar a la Sala correspondiente de la Cámara de Apelaciones local (donde puede eventualmente pedir nuevamente la apertura aprueba) e incluso apelar al Superior Tribunal de Justicia”, enumeró.
“Claramente el espíritu de la ordenanza apunta evitar que se tenga que esperar todo el tiempo que lleva el trámite judicial y a exigir a los funcionarios cumplimiento efectivo y oportuno de los tributos, mientras que lo previsto en la ley puede tardar bastante tiempo incluso años. Esta gestión pretende que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias y como los ejemplos comienzan en casa es por eso que se ha dictado la presente ordenanza buscando la transparencia y conducta ejemplar de los funcionarios, demostrando que todos somos iguales ante la ley”, dijo Lifschitz por último.
