Es de destacar que este caso llegó a la justicia y el Superior Tribunal de Justicia aún no se ha expedido.
El pedido que fue ingresado por mesa de entradas en el Municipio, lleva la firma de los ediles de la oposición, quienes le recordaron al Jefe comunal que dicha ordenanza, que fue presentada por el bloque radical en la anterior gestión, fue aprobada en forma unánime por todo el cuerpo deliberativo de la ciudad, en la sesión del 12 de mayo de 2005 y fue considerada por la comunidad en su conjunto y por la prensa en particular como un importante avance en lo que respecta a la transparencia de los actos de gobierno y, en consecuencia, a un mayor control por parte de la población.
En realidad, la ordenanza nunca fue aplicada en el ámbito municipal, debido a que la anterior administración, que estuvo a cargo de Sandra Sánchez, se planteó una acción de lesividad ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ), por lo que se requería al alto Tribunal que se la declare nula.
El Diario de Paraná, publica la nota presentada al Intendente, los concejales del bloque Unión Radical Vecinal expresaron que la presentación efectuada por Sánchez, “ha impedido su plena vigencia, con lo cual se ha cercenado a los vecinos de esta ciudad un derecho elemental consagrado en nuestra Carta Magna y en Pactos Internacionales a los cuales nuestro país ha adherido”, por lo que consideran necesario y en forma “inmediata” que se ponga en vigencia.
“Ante el recambio de autoridades municipales, y más allá del estado en que se encuentre la causa iniciada ante el Máximo Tribunal, este bloque considera imprescindible que el Municipio desista de dicha acción de lesividad y del derecho que le asiste, llevando a la efectiva puesta en práctica lo dispuesto por Ordenanza Nº 903 sobre Libre Acceso a la Información Pública”.
Además de presentar la nota por mesa de entradas, los concejales se reunieron en audiencia con el intendente Fuertes a quien le transmitieron de manera personal el reclamo y le solicitaron además que el Departamento Ejecutivo Municipal instruya a sus representantes legales para desistir de la acción y del derecho de lesividad planteado por la anterior gestión contra el Concejo Deliberante como consecuencia de la sanción y posterior ratificación de dicha norma.
La ordenanza que se había aprobado por unanimidad en Villaguay y que luego fue cuestionada en la Justicia por la ex intendenta, fue elaborada en base al Decreto provincial 1.169 y que fue publicado en el Boletín Oficial el 1 de abril de 2005.
En esa normativa provincial, el Gobierno dispuso “el derecho de la sociedad civil a conocer y debatir la actividad que se realiza dentro de la esfera pública”, con el objeto de “fortalecer la relación entre el Estado y la Sociedad Civil” y para “crear dispositivos que busquen prevenir” los actos de corrupción, tal como se establece en la Convención Interamericana contra la Corrupción.
Asimismo, se indicó que “la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública”.
En tanto, en la ciudad de Paraná, también se sancionó una ordenanza similar a la de Villaguay y al decreto provincial. En el caso de la Municipalidad de la capital entrerriana, la norma que fue sancionada en noviembre de 2001 y publicada en marzo de 2002, establece la “creación de un sistema de información ciudadana, en el ámbito de la Municipalidad de Paraná”.
Este sistema permite el “acceso simple, automático y libre a la información administrativa municipal, a cualquier persona que acceda al sistema o que así lo solicite”.
