El fallo de la Cámara Federal de San Martín, que desató cuestionamientos de organismos de derechos humanos, aceptó una apelación de los abogados del jefe de la Zona Delta de Prefectura, Rubén Iglesias, y del custodio Ángel Volpi, y generó el cambio de acusación en contra de ambos: pasó de homicidio a abuso de autoridad. Este último delito prevé una condena menor a tres años, por lo que la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, decidió la liberación de ambos.
Esta decisión del tribunal de alzada vuelve a considerar la posibilidad de que Febres se haya suicidado, como sostienen sus familiares de Febres, por lo que también se dispuso el desprocesamiento de la esposa del represor, Stella Maris Guevara, y de sus dos hijos, Héctor y Sonia, quienes estaban imputados por presunto encubrimiento del homicidio.
En la resolución que firmaron los camaristas Alberto Criscuolo y Horacio Prack, dejaron abiertas las dos hipótesis (homicidio o suicidio) e instruyeron a la jueza para que siga investigando. Uno de los puntos que tendrá que aclararse es de qué manera llegó el cianuro a poder de Febres, que apareció muerto el 10 de diciembre pasado, cuatro días antes de que le dictaran sentencia y los jueces lo escucharan por última vez, en una causa por el robo de bebés en la ESMA durante la última dictadura.
La Cámara, a su vez, convalidó la investigación respecto de los privilegios de los que gozaba Febres en su lugar de detención (visitas ilimitadas, computadora, teléfono celular, DVD). Por estas condiciones deberá declarar en los próximos días Carlos Fernández, ex jefe de la Prefectura.
