Desde los medios masivos de comunicación, se apostaba al golpe que estalló el 24 de marzo de 1976 para imponer el Terrorismo de Estado. Sus impulsores, desde la oligarquía proimperialista al gobierno estadounidense, apostaban a derrocar el ya desprestigiado orden constitucional, mediante un plan neoliberal impuesto por la persecución y el genocidio.
“Total normalidad, las fuerzas armadas ejercen el gobierno”, decía Clarín ante el golpe. Entonces el diario no gritaba por la democracia y libertad de expresión, sólo instrumentaron reestructuraciones de la línea editorial acordes a las nuevas pautas de propaganda oficial que buscaban concentrar.
Los militares, como históricos guardianes de intereses de la clase dominante, fueron lanzados a la calles en sus tanques y llegó la dictadura militar, pero fue un golpe fue cívico-militar que operó para bien de los grupos económicos, como Techint, Fiat, Arcor, Macri, Fortabat, Celulosa, Acindar, Fate, Pescarmona, Bulgheroni.
El plan fue justificado y fogoneado por las grandes empresas periodísticas que recrearon el clima, como lo hacen hoy, partiendo el televisor con grandes imágenes de los seguidores intelectuales de Susana Giménez y su pena de muerte, mientras en otro cuadrito -casi ínfimo- la presidente anunciaba el proyecto de la ley de radiodifusión.
El 24 de marzo del 76, los canales, diarios y sindicatos son intervenidos. Pero, no se los privatiza – a pesar de su prédica liberal- y pasan a ser difusores del proyecto. Históricamente, la prensa argentina ya era domesticada por las leyes de mercado y del poder político de turno, y operaba con un sistema centralizado en noticias porteñas y sin FM o cables regionales que federalizaran a la comunicación.
Tiempo después, el 15 de septiembre de 1980. Videla firmo la ley de radiodifusión 22.285, con una nota que declara su relación con el “propósito y objetivo básico del Proceso de Reorganización Nacional”. Al surgir de una dictadura, no participaron en su elaboración las entidades legislativas, políticas ni organizaciones de trabajadores de prensa. Los que si intervinieron en el directorio del nuevo Comité Federal de Radiodifusión (Comfer), fueron los representantes de las fuerzas armadas.
Ya, desde 1955, los golpes cívico-militares ordenaron sus propias pautas en radiodifusión y fueron los gobiernos civiles los que los dejaron inalterables por que seguían beneficiando a los grupos de poder económico.
En los días del golpe del 76, era secretario general de la Asociación de Periodistas de Buenos Aires (Apba) el comprometido periodista y escritor Osvaldo Bayer. Ya en el período constitucional, el autor de la Patagonia Rebelde, recuerda que “en el salón de los Pasos Perdidos del Congreso hicimos un homenaje a los periodistas desaparecidos: 84. Pero jamás ninguna empresa periodística hizo un homenaje a esos hombres de sus redacciones».
Como Bayer, Rodolfo Walsh y otros resistieron y pusieron la verdad y el cuerpo en el oficio terrestre de la información, a pesar de amenazas y muertes. Pero, desde todos lo gobiernos se retardó y retrazó durante años el intentar reformular sistema comunicacional, joya que no podía quedar afuera del saqueo liberal.
Pasaron 25 años
Aunque siempre se habló de la ley de radiodifusión de la dictadura, esa norma rigió sólo tres años bajo las botas. Pero, mayor fue el plazo, 25 años, en el que los gobiernos supuestamente democráticos la acataron sin tratar de edificar otro ordenamiento.
La continuidad del proyecto liberal se instaló así en la política comunicacional. Además, los cambios que se realizaron – especialmente durante el menemato- favorecieron una mayor concentración. La prensa, como señalaba Gramsci, desempeña el papel de los partidos políticos, como ocurre con el llamado conflicto del campo, cuando los medios masivos procesan y manipulan la información e instalan que no hay alternativas entre el campo y gobierno.
Esas reformas parciales a la ley consolidaron un sistema de medios privado, trasnacionales y concentrado a pedido de los grandes medios que se consolidaron en grupos empresariales de multimedios, excluyendo a los emprendimientos populares.
Sin embargo, sin ley y cobija institucional, hubo quienes cortaron la ruta del circuito informativo que operó para la clase dominante, organizaciones populares, agencias y redes alternativas construyeron y pelearon por pequeños pero reales espacios distintos. No hubo entonces temores ni tibiezas justificadas por la falta de una ley de radiodifusión, que puede ser tan acatada como las leyes laborales, tantas veces violadas y pasadas por alto.
Por ello, más allá de buenas intenciones, no alcanzará con el proyecto de 21 puntos acordados por organizaciones de la Coalición por una Radiodifusión. Se pretendía un control más riguroso de los monopolios y un seguimiento a los dueños de las empresas masivas, así como uno profundo debate sobre la propiedad de los medios, la distribución de la tenencia de espacios comunicacionales y la representación de los trabajadores de la información y medios regionales en un espacio que sustituyera al Confer.
Aún se debe marchar a construir una fuerza que unifique al campo popular para enfrentar al discurso hegemónico de los grupos de multimedios y intereses partidarios. Las nuevas herramientas tecnológicas dan lugar a plantear nuevos compromisos ante el imperio de una voz unificada. Tanto de los medios masivos a los autónomos, los trabajadores de la comunicación no pueden dejarse domesticar, y la fuerza para ello sale de la organización gremial, la creatividad y el atreverse. La fuerza para ese avance, también está en el respaldo que el rigor informativo recibe cuando es apoyado por la gente y sus entidades al sentirse escuchada y respetadas por su protagonismo.
Tampoco ya no se puede admitir que desde la misma Universidad se firmen convenios con esos grupos empresariales de la comunicación. La verdadera construcción de otra comunicación social es un trabajo de base colectivo, donde no puede faltar el espacio universitario para replantear la formación y el compromiso efectivo con las organizaciones sociales.
