El titular de la comisión, Oscar Arlettaz, recordó que en marzo del año anterior se redacto un despacho de comisión, pero que posteriormente, antes de tratarlo, se entablaron contactos con asociaciones de productores. El representante de Colón indicó que “es tiempo de retomar el trabajo, porque es un tema que debe ser abordado por la realidad productiva entrerriana”.
Participaron los senadores Luis Schaff (Tala), Esther González (Feliciano), Víctor Vilhem (San Salvador), Oscar Brambilla (Paraná), Daniel Kramer (Diamante), Jorge Ghirardi (Villaguay), Aldo Ballestena (La Paz) y María Angélica Guerra (Federación). Participó el coordinador General de Labor Parlamentaria, Marcelo Báez y los legisladores fueron asistidos por personal de Comisiones.
Los legisladores consideraron que para profundizar el tema y lograr su operatividad una vez sancionado, será conveniente mantener una reunión con el director ejecutivo de la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER).
Durante el encuentro los senadores también observaron el listado de proyectos que se encuentran en esta comisión y determinaron el envío de algunos de ellos al archivo. También expresó Arlettaz que se trabajará en marzo sobre agroquímicos. Recordaron que Áreas Naturales Protegidas, Bosques Nativos, entre otros temas, están en otras comisiones y se deben unificar posiciones.
Cabe recordar que en los últimos años en Entre Ríos hubo un intenso debate sobre el tema. “Es una herramienta en defensa de Entre Ríos, un concepto que comparten conceptualmente con nosotros las entidades del Campo”, explicó Arlettaz.
El legislador por Colón dijo que se trata “de cuidar nuestras tierras y lograr una recaudación acorde a la actividad que se realiza. El Estado debe intervenir en el proceso”, acotó. Añadió que con este texto se ofrece un marco a lo que ya se está aplicando y por tanto se podrá profundizar. “El que viene de afuera de la provincia y contrata para producir, deberá hacerse cargo”, puntualizó Ballestena, agregando que “se están llevando nutrientes de Entre Ríos y esto no es un tema menor”.
El texto
Se crea el “Registro Único de Productores Agrícolas de Entre Ríos (R.U.P.A.E.R.), en el que se inscribirán los propietarios, arrendatarios, contratistas, aparceros, usufructuarios o quienes exploten, por cualquier título legítimo, tierras cultivables en el territorio provincial con el objeto de cultivar cereales, oleaginosas y/o forrajeras para la obtención de granos. Añade que dichos sujetos, de fuera de la provincia, quedarán obligados a la ejecución de los programas de uso y conservación de suelos para una agricultura sostenible que implemente la autoridad de Aplicación.
De aprobarse la ley el Poder Ejecutivo quedará facultado a dictar todas las normas que resulten necesarias “para la implementación y funcionamiento del citado Registro y, en especial, a establecer requisitos vinculados a categorías de productores, diversidad y rotación de cultivos, uso de fertilizantes, desmontes, y todos aquellos aspectos que tiendan a evitar prácticas que distorsionen la explotación y/o comercialización sustentable, priorizando el desarrollo económico-social del pequeño y mediano productor residente en Entre Ríos, desalentando la especulación y el uso de la tierra en grandes superficies continuas o discontinuas”.
Los legisladores destacaron en que estarán exentos del pago del Derecho de Uso de tierras cultivables las personas, empresas u otros entes que se encuentren radicadas en Entre Ríos y desarrollen las prácticas de manejo y conservación del suelo definidas por la Autoridad de Aplicación en la totalidad de las tierras cultivables sujetas a explotación, en los plazos y condiciones que la reglamentación establezca, pudiendo la misma diferenciar entre categorías de productores.
En el registro se deberán acreditar la compra o contratación de, como mínimo, el 80% de los insumos, servicios agrícolas y de transporte de granos a personas, empresas u otras entidades radicadas en Entre Ríos.
También deberán entregar al menos el 80% de la producción de granos para su comercialización, acopio y/o acondicionamiento a personas, empresas u otras entidades radicadas en Entre Ríos. La Autoridad de Aplicación podrá reducir hasta el 50% dicha obligación si ello resultare fundado técnica y/o económicamente.
