Según Schunk desde el primer momento hubo intención de reglamentar la ley, sancionada a fines de 2007, y para ello fue instruido particularmente. Pero luego de un análisis riguroso de la norma encontraron dificultades de orden práctico. “No podemos olvidarnos de que a poco de aprobada esta ley se suscitó un grave conflicto con parte del sector agropecuario, que luego afrontamos los problemas de la histórica sequía y las inundaciones y que transitamos por una campaña electoral”, detalló el funcionario.
Schunk aseguró que el gobierno comparte plenamente el espíritu de la ley pero sostuvo que cree conveniente efectuar una serie de modificaciones al texto actual. “Hay cambios que no podemos hacer por decreto”, aseveró el ministro. La redacción actual de la ley no prevé un régimen de promoción de la cadena agrícola local. El gobierno prevé revertir eso pero, a cambio, los grandes productores deben cumplir con requisitos de compre local y uso de la capacidad instalada entrerriana para acceder a la exención del tributo.
Hoy, el titular de la Cámara Baja provincial, Jorge Busti, se presentó ante el Juzgado Civil y Comercial de Paraná a fin de pedir que se reglamente la Ley Nº 9816 de Conservación de Suelos, sancionada a fines de 2007. Lo hizo mediante una acción de inconstitucionalidad por omisión, argumentando que el Ejecutivo excluyó en reiteradas oportunidades ese procedimiento. Según el legislador del Peronismo Federal, la norma “redunda en un importante beneficio para los entrerrianos, ya que incluye el desarrollo sustentable de la tierras”. También recordó que Diputados llevó a delante el mismo reclamo al gobierno, a través de un proyecto de resolución, que no tuvo respuesta.
Por su parte, Schunk anunció la necesidad de introducir cambios que eviten mecanismos de elusión que hoy permite la ley. Entre esos cambios, proponen que el registro de productores sea obligatorio para todos, que la Dirección General de Rentas (DGR) sea la encargada de la recaudación del tributo y el Ministerio de la Producción de llevar los registros de productores y establecer las prácticas conservacionistas. Actualmente el registro es voluntario y permite inscribirse sólo a productores con domicilio en Entre Ríos, “rondando también la inconstitucionalidad”, explicitó.
Schunk cree que se puede mejorar la redacción actual aprovechando las nuevas pautas constitucionales. “La ley actual no permite cumplir con el objetivo conservacionista ni tampoco recaudar fondos”, sentenció el funcionario.
Cualquier pool de siembra financiero o gran productor puede venir a la provincia a hacer soja sobre soja y depredar los suelos, siempre que pague el 3 por ciento del valor de la producción. Pero además, el pool puede eludir fácilmente el pago del tributo cambiando su modalidad de constitución mediante un contrato de mutuo con un contratista local o vendiendo la producción a un agente interno. “Depredan los suelos y no pagan nada”, sintetizó.
El funcionario expuso también que pequeños productores locales que pueden lograr un financiamiento líquido para hacer trigo mediante la constitución de un fideicomiso con inversores extraprovinciales podrían estar gravados bajo esta ley, siendo que es muy difícil obtener financiamiento bancario actualmente”. Y advirtió: “No hay que olvidarse que los grandes productores tienen los mejores abogados y contadores para su defensa, no así el chico”.
Respecto a la postura de Busti, señaló que tiene todo el derecho a presentarse ante la Justicia, pero: “también nosotros tenemos nuestros argumentos y creemos que, como autoridad de aplicación, merecemos ser escuchados” aseveró. Y agregó que: “con todo gusto nos ofrecemos para debatir e intercambiar ideas con el doctor Busti y sus asesores cuando sea necesario”, concluyó Schunk.
