He comprobado esa tensión, comprendo que la haya, pero no alcanzo realmente a asimilar la intensidad de la misma. Creo que es una intensidad artificial, mantenida por aquellos a los que les interesa que exista esta polémica. A mí me preocuparía si se comprobara que hay un riesgo real que afecte a la libertad de información, a la libertad de expresión, o al de recibir información veraz, que son los tres ámbitos del derecho a la información en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en todos los instrumentos internacionales. Yo no veo en peligro ninguno de esos derechos con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. He comprobado con la lectura de la misma que hay una articulación de lo que es el mercado de la comunicación, donde se establece algo que vengo defendiendo desde hace más de doce años: que no puede haber grupos monopólicos ni que tengan el control como negocio de la comunicación porque, precisamente, eso es lo que ataca a la libertad de información, a la libertad de expresión y a la propia recepción de información veraz. Cuando se contraponen intereses económicos y corporativos a los de la comunicación siempre sale perdiendo ésta. Me parece que es absolutamente necesario que exista una regulación de ese mercado, mucho más cuando vivimos en la era y en el siglo de la comunicación. ¿Cómo no va el Estado a preocuparse por un ámbito tan importante donde los que pueden resultar perjudicados son los propios ciudadanos? Otra cosa sería que se intentara cercenar la libertad de expresión o poner cortapisas, pero la ley apunta exactamente a lo contrario. La Corte Suprema ya ha emitido su juicio y, sin duda, se pronunciará cuantas veces sea necesario. Insisto, creo que es una garantía y no un peligro o un ataque a ese derecho fundamental.
–El Grupo Clarín, que resiste la aplicación de la ley, anticipó que no va a aceptar el plazo establecido para su cumplimiento, desde el Derecho, ¿cómo analiza esa postura?
–Los desafíos al estado de derecho siempre salen mal. Como esto no es el viejo oeste, no es lógico que uno de los contrincantes cite a duelo a otro en el Valle de la Muerte. Esto no es así, aquí hay una ley, hay una regulación y todos tienen que cumplirla, y si no la cumplen pues tendrán que recibir las sanciones que prevé esa ley. Así de sencillo y así de claro. Yo no puedo decir, yo no acepto que me impongan una pena de veinte años si mato a una persona.
–En Argentina quizás está exacerbada esta tensión, pero en varios países de Latinoamérica habrá visto esta situación…
–(Se apresura) Fíjese que el relator de Naciones Unidas para la libertad de expresión, Frank La Rue, vino aquí y ha defendido esta normativa y ha dicho que es un buen ejemplo a seguir. Yo conozco a La Rue, no me ofrece ninguna duda su ecuanimidad y su independencia. Si personas que no somos argentinos y que –hombre– de una u otra forma nos hemos caracterizado por una independencia de criterio opinamos de forma parecida, a lo mejor y sólo a lo mejor –ironiza–, tenemos razón. A mí no me va ningún interés en esto. Si quieren hacer un ejercicio miren mis archivos acerca de la primera vez que escribí que no debería ocurrir la acumulación de poder en los medios de comunicación. No es lo mismo que una empresa petrolera o azucarera, la comunicación es el arma más poderosa que puede haber y tiene que ser regulada con igualdad de oportunidades para que todos puedan tener acceso a ese ámbito. El día que un periodista pueda escribir con libertad diciendo que el presidente de la compañía a la que pertenece el periódico no es trigo limpio hablaremos en otros términos.
–Mi pregunta apunta al nivel de confrontación entre los grandes medios de comunicación y gran parte de los gobiernos de Latinoamérica como un patrón común…
–Aunque amigos míos del mundo de la comunicación puedan discrepar con lo que voy a decir: creo que se está produciendo una clara confrontación entre el poder político democrático que, por primera vez, ha decidido ejercer como tal, frente a un mundo al que nadie era capaz de acercarse sin salir mal parado: que es ese ejercicio abusivo de la comunicación y el control de la comunicación. Creo que en la defensa de los ciudadanos que le compete al Estado, no puede haber espacios donde no haya una regulación equilibrada y protectora de los derechos. Para mí la comunicación es uno más, es el más sensible, por eso tiene que tener una regulación. Ojo, que en el momento que se perciba que hay un intento de control, de censura, los primeros que estaremos seremos nosotros para decir: “Eso no es”. Lo mismo cuando defendemos a los periodistas que se juegan la vida en situaciones de conflicto o en el crimen organizado, yo desde hace tiempo reivindico para ellos la calificación de crimen contra la humanidad. Soy partidario de que esa regulación exista con control y vigilancia judicial.
