En un camino de idas y vueltas, de apelaciones y ratificaciones que comenzó en diciembre de 2009 –casi dos meses después de aprobada la norma en el Congreso–, la Corte aún no se expidió sobre la recomendación que el ex procurador general de la Nación Esteban Righi le ofreció en diciembre pasado. Entonces, Righi aconsejó al máximo tribunal que anule la medida cautelar otorgada por el juez mendocino Edmundo Carbone para suspender la aplicación de la cláusula de desinversión de la norma 26.522 sobre las licencias bajo el mando del Grupo Clarín.
En declaraciones radiales, Zaffaroni ratificó la existencia de esa cautelar, que el Estado nacional apeló a mediados del año pasado, sin éxito. La respuesta de la Cámara Nacional en lo Civil y Comercial Federal rechazó el planteo, aunque fijó en 36 meses (desde el momento en que la ley se promulgó) el plazo para que la corporación mediática más grande del país se adecuara a la nueva norma. El ministro señaló que “la resolución sobre el artículo 161 está circulando entre los ministros y tendría que salir en el transcurso del año”.
El artículo 161 suspendido por la cautelar apunta que aquellos actores que “al momento de entrada en vigencia de esta ley fueran titulares de una cantidad mayor de licencias, o con una composición societaria diferente a la permitida, deberán ajustarse a las disposiciones de la presente en un plazo no mayor a un (1) año desde que la autoridad de aplicación establezca los mecanismos de transición. Vencido dicho plazo serán aplicables las medidas que al incumplimiento –en cada caso– correspondiesen”.
El artículo 45 es el que fija el máximo de licencias a gestionar por cada titular, con el fin de “garantizar los principios de diversidad, pluralidad y respeto por lo local”. Así, cada persona física o jurídica podrá explotar “una licencia de servicios de comunicación audiovisual sobre soporte satelital” o “hasta diez licencias de servicios de comunicación audiovisual más la titularidad del registro de una señal de contenidos”.
