Con fuertes críticas a la reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), de forma paralela se realizó el Primer Encuentro Internacional sobre medios y democracia en América latina, organizado por diversas entidades sociales y de la comunicación. En uno de sus paneles, el coordinador del Comfer, Luís Lázzaro, aseguró que “frente a este coro desaforado de dinosaurios que buscan deslegitimar la ley de la democracia no hay mejor respuesta que poner en marcha los mecanismos democráticos de la Ley” de Servicios de Comunicación Audiovisual. En el mismo sentido, la diputada Silvia Vázquez (Partido de la Concertación) señaló que “no es inocente que el encuentro de la SIP se haga acá, en este momento”.
“En lo real, las balas empiezan con palabras, y el lenguaje de la violencia lo están imponiendo ellos”, sostuvo la legisladora, para quien la SIP “viene a reforzar el discurso mentiroso e hipócrita que los monopolios y oligopolios han dado y que tiene un objetivo claro, que es deslegitimar a los dirigentes políticos para cambiar la ley”. La respuesta a este avance de los grupos concentrados, sostuvo, es “un grado de militancia muy activo” para avanzar con “los pasos siguientes” a la sanción de la ley y ponerla en práctica lo antes posible.
Entre los participantes estuvo el titular de la Federación Argentina de Radios Comunitarias, Néstor Busso, uno de los referentes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática –una de las entidades organizadoras del encuentro– y mencionado como candidato a ocupar uno de los dos lugares en la Autoridad de Aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que corresponden al Consejo Federal, que hoy se reunirá por primera vez para tomar esa decisión. “La libertad de prensa sigue siendo entendida como la libertad en la propiedad de los medios”, dijo Busso, y por eso se interpreta la intervención estatal como censura. “Nosotros pensamos en la libertad de expresión, que es un derecho universal y, por eso, los Estados deben intervenir para garantizar ese derecho –agregó–. Para eso, el Estado debe impulsar políticas activas para promover la expresión de los más débiles y poner límites a los que se quieren quedar con todo y acaparar el discurso público”.
Uno de los principales obstáculos para la libertad de expresión, sostuvo, es la concentración, que “está dada no sólo por la propiedad de los medios sino también por la concentración geográfica, la concentración de la pauta publicitaria y la convergencia de distintos soportes”. La nueva ley, completó, “evita la concentración, promueve la producción local, ordena el espectro en radio y acaba con los oligopolios y monopolios no sólo nacionales sino también locales”.
El encuentro había sido inaugurado, a la mañana, por el titular del FARO de la comunicación, Hugo Barcia, que definió la sanción de la ley como “el inicio de la liberación de la palabra” en el país y destacó “las amplias mayorías” obtenidas en la votación parlamentaria así como la “paciencia de orfebre y la pasión militante” de quienes trabajaron en ella. Para el panel que cerraba la jornada se esperaba la presencia del interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, y del titular de Telesur, el venezolano Andrés Izarra, pero no pudieron concurrir porque se encontraban en una reunión en la Casa Rosada.
Es que hoy vence el plazo para definir a los candidatos a formar parte de la Autoridad de Aplicación de la nueva norma de comunicación audiovisual. Mientras la oposición busca retrasar el trámite, y aún no decidió quiénes serán sus representantes en la comisión bicameral que elegirá a los tres miembros propuestos por el Parlamento, el Gobierno sigue adelante con su cronograma y hoy anunciará su propuesta para los dos lugares que debe designar el Ejecutivo. Según aseguraron a Página/12, no habrá lugar para sorpresas y los elegidos serán los mismos Mariotto y Lázzaro. Ellos, junto a los dos designados por el Consejo Federal, deberán pasar este mes un proceso similar al que rige la designación de miembros de la Corte Suprema: en los próximos cinco días se publicarán sus antecedentes y la ciudadanía contará con diez días para presentar objeciones. Aún no se resolvió cómo se salteará el nuevo obstáculo que la oposición planteó en el Congreso.
