El oficialismo aprobó el programa para el tratamiento “Sólo la organización vence al tiempo.” La frase de Juan Domingo Perón se hizo carne ayer en el debate de la reunión plenaria de las comisiones de Comunicaciones e Informática, de Presupuesto y Hacienda y de Libertad de Expresión, donde tras el debate esperado entre los diputados oficialistas y opositores con el titular del Comfer, Gabriel Mariotto, se fijó la realización de audiencias públicas, desde el martes y hasta que se termine la lista de oradores, en las que se avanzará con el consenso de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Es que hoy por hoy, en el oficialismo están dispuestos a aceptar reformas a cambio de no trabar el debate más allá de esta Legislatura porque, aseguran, ése es el objetivo de la oposición más dura para hacer caer el proyecto.
Y así lo explicitó la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la opositora Silvana Giudici, quien antes del encuentro intentó imponer una agenda de audiencias por el interior que finalizarán el 27 de noviembre, escasas dos semanas antes del recambio legislativo. Sin embargo no lo logró: el oficialismo ganó 34 votos contra 24 de la oposición en la postura de que las audiencias públicas comiencen el martes y se hagan diariamente, a diferencia del cronograma estirado. Tras la votación, el diputado santafesino del Frente para la Victoria Gustavo Marconato, a cargo de la presidencia del plenario, pasó a un cuarto intermedio hasta el viernes 11 a las 10, momento en el que el oficialismo está confiado en que pueda iniciar el debate para sacar un dictamen que pueda ser aprobado días después en el recinto.
Fuentes del oficialismo aseguraron que para las audiencias públicas «se enviarán invitaciones por los periódicos, se habilitarán líneas telefónicas para obtener información y se habilitará un sistema de video conferencias para las personas que no puedan venir del interior». En la Casa Rosada estudian todo tipo de iniciativas para lograr que ese debate, que a su entender puede enriquecer la ley y quebrar el discurso de que la ley atenta contra la libertad de expresión, pueda llegar a la mayor cantidad de argentinos posible.
CARA A CARA. Por tercer día consecutivo, Mariotto fue al Congreso a debatir la ley. Pero esta vez se vio la cara con lo más duro de la oposición. A poco de empezar, Giudici se quejó por no haber sido consultada sobre la forma en que se podría debatir la ley y amenazó que si no se aprobaba su laxo cronograma de audiencias, se iba de la plenaria, amenaza que no cumplió. Minutos después, su colega Graciela Camaño manifestó su oposición al proyecto y, de inmediato, un asesor parlamentario le pidió que pasara “a buscar el cheque” de Clarín. Una vez más hubo amagues de trabar la reunión que no se concretaron y la discusión siguió artículo por artículo.
“La ley no dice que se van a revisar las licencias cada dos años, eso sería autoritario”, replicó Mariotto ante la consulta sobre la cláusula que establece que por motivos tecnológicos se pueden licitar nuevas licencias, pero nunca revisar las ya otorgadas. Es que mediante los avances tecnológicos, se puede obtener de una señal analógica hasta ocho digitales. La pelea es para que esas nuevas señales se liciten y no pertenezcan a quienes poseen la analógica.
En tanto, Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) consideró que “la autoridad de aplicación no puede ser el Poder Ejecutivo y la entrega de licencias deber estar controlada por el Parlamento”. “Estamos receptivos a recibir sugerencias”, admitió Mariotto, pero precisó: “No encontramos antecedentes en el mundo en que el Poder Ejecutivo esté en minoría” en los organismos de aplicación y control.
Por su parte, Claudio Lozano (Proyecto Sur) confesó “no entender la excepción para que las telefónicas pueda ingresar en el mercado de la comunicación” debido a que en la Bolsa cotiza tres veces más que la principal empresa periodística y de multimedios del país. “Las telefónicas –explicó el funcionario– tienen restricciones con respecto a las demás empresas. Tienen veinticuatro licencias como tope y un límite del 25% de sus abonados. No pueden tener canales de cable y aire al mismo tiempo. También deben tener una contabilidad separada”.
MONOPOLIO. El debate sobre la ley de medios tuvo también a Néstor Kirchner con definiciones fuertes, durante un acto en La Plata. “El monopolio busca desgastar y atemorizar a aquellos que nos jugamos con la profundización democrática. No le tengo miedo a nadie, voy a apoyar todo lo que sea transformación democrática”, dijo el ex presidente.
“El proyecto audiovisual es respaldado por las Naciones Unidas, por lo que se hace necesario discutirlo adecuadamente”, afirmó Kirchner, quien agregó: “Se trata de una ley muy democrática y muy bien trabajada”. “No es la ley de un gobierno –añadió el diputado electo– sino del Estado argentino para terminar con la norma de la dictadura. Se debe discutir y debatir y, de ser necesario, introducirle modificaciones.”
LA VOCERÍA PRESIDENCIAL PASÓ A LA
SUBSECRETARÍA DE COMUNICACIÓN
Con el objetivo de “dar una rápida respuesta a las necesidades de gestión comunicacional”, el Gobierno nacional disolvió la Unidad de Comunicación Presidencial, conocida como vocería, y transfirió sus funciones a la Subsecretaría de Comunicación y Contenidos de Difusión, que conduce el periodista Alfredo Scoccimarro.
El ex vocero del Ministerio de Planificación Federal pondrá en funcionamiento en los próximos días un portal al que tendrá acceso el periodismo con una clave especial con la agenda diaria y actividades no sólo de la Presidenta, sino de todos los ministros e incluso los audios o imágenes de sus participaciones en radio y televisión.
En los últimos meses, el Gobierno inició una serie de reacomodamientos en el área de Comunicación para mejorar la difusión de sus actos y la relación con los medios. En ese marco, se hizo inevitable el ascenso de Scoccimarro en detrimento de la figura del hasta ese momento portavoz oficial de la Presidencia, Miguel Núñez.
Según se desprende del decreto 1.156 publicado ayer en el Boletín Oficial, se transfieren a la subsecretaría de Scoccimarro las direcciones de Fotografía, de Sala de Conferencias y Registro Audiovisual, y de Difusión Presidencial.
En la Sala de Prensa, nombre que tendrá la nueva página web que implementará la Casa Rosada para los periodistas, el funcionario aplicará una política que ya puso en marcha al asumir en el área de Medios. Allí, aplicó una iniciativa de puertas abiertas de su despacho, donde a través de una permanente coordinación con el resto de los voceros gubernamentales, mantiene informados a los medios de comunicación sobre la actividad gubernamental.
Fuente: BAE
