Coincidimos en que la medida judicial es otro paso más hacia la democratización de la palabra y de la propiedad de los medios, proceso que ya no tiene marcha atrás. No obstante sabemos que aún restan resolverse dos medidas cautelares parciales que impiden la aplicación plena de la norma. Una de ellas es la que interpuso el Grupo Clarín sobre el artículo que dispone la desmonopolización de los grandes multimedios. Lo que demuestra que el interés de Clarín no tiene nada que ver con el espíritu democratizador de la nueva ley ni con la libertad de expresión que a diario ellos mismos enarbolan, sino pura y exclusivamente con la libertad de empresa y el interés particular.
La Ley 26.522 es la segunda ley en la historia institucional argentina. La primera data de 1953 y duró poco más de un año. Creemos que el panorama que posibilitará la aplicación de la nueva ley de medios nos coloca ante desafíos más duros y exigentes. Uno de ellos en lo inmediato, que las organizaciones sociales no debemos desaprovechar, es la participación en la reglamentación. Es en esta instancia donde debemos trabajar sobre aquellas cuestiones y mecanismos que fortalezcan la democracia participativa y expandan el horizonte emancipador de la comunicación social.
