La Ley de Medios ingresó al Senado. Dos expertos en comunicación apoyaron la iniciativa oficialista de ley de Medios sin mencionar la necesidad de introducir cambios, mientras otros dos criticaron aspectos de la iniciativa y reclamaron modificaciones a la futura legislación.
El subsecretario General de la Presidencia, Gustavo López, defendió la iniciativa oficial de ley de Medios porque «va a reemplazar una norma que se originó en la dictadura y sobrevivió en durante la democracia por la presión de los grandes grupos económicos». López, quien es diputado electo por el kirchnerismo de la Capital Federal y fue interventor en el Comfer, dijo que apunta a mejorar «la libertad de expresión, la libertad de imprenta y la convención americana de los derechos humanos y «se anima a poner controles antimonopólicos que atentan contra derechos de los ciudadanos».
«Tenemos una gran oportunidad de tener una ley de la democracia que debe reflejar el derecho a tener y recibir información: esto esta en manos del senado que tendrá que buscar una mejor redacción», agregó.
También el experto Martín Becerra respaldó la iniciativa oficial, sostuvo que «el proyecto no es perfecto, sino una plataforma que abre caminos a más desarrollo e invita a incrementarlo en el futuro». «Es hora que se salde el mamarracho» de la ley en vigencia desde 1981, y criticó «la concentración de medios dominada en un 78 por ciento por los tres primeros actores, que dejan pocos espacios a los demás».
Agregó que los «niveles de concentración de la Argentina convocan a que el Estado fije nuevos reglas de juego para evitar el predomino de los que medios gestionados por muy pocos». Aludió también a lo que llamó «la concentración geográfica de la producción que incluye un 70 por ciento en el área metropolitana, de las cuales dos de las empresas generan cerca del 86 dentro de ese total». Lamentó que más del 50 por ciento del territorio nacional tiene un solo canal abierto gratuito y apenas unas pocas ciudades tienen dos, mientras «el basto territorio nacional no tiene acceso a ninguna televisión abierto».
El especialista en medios Henoch Aguiar afirmó que el proyecto de ley de Medios «recogió ideas estructurales muy positivas», pero «se ha quedado a mitad de camino no se anima a ser lo progresista que podría ser y produce efectos contrarios a los que se desea». Manifestó que los medios públicos han sido «usados como botín de guerra del vencedor de las contiendas políticas y ya no tenemos medios públicos sino medios político gubernamentales» y por eso «la primera propuesta es que los medios sean públicos y no gubernamentales». Aguiar propuso que previo a la entrega de licencias se realicen audiencias públicas, y no sólo para la renovación de las concesiones y con la decisión de los dos tercios del Congreso nacional.
Más temprano, distintos abogados constitucionalistas coincidían hoy, en el marco de una nueva audiencia pública para el debate del proyecto de Comunicación Audiovisual, en el Planario de Comisiones del Senado, en la necesidad de definir una nueva ley «que termine con la de la dictadura», aunque con diferentes matices.
En este sentido, el constitucionalista Alberto González Arzac entendió que la iniciativa aprobada por la Cámara de Diputados, que ahora analiza el Senado, «es perfectamente constitucional» y cuestionó a aquellos que «reclaman más tiempo» para debatirla porque -sostuvo- ya ha sido «considerada suficientemente esta ley como para seguir esperando».
«Así como fue superada la dictadura militar, hoy debe superarse la dictadura de los medios de comunicación, que hoy subsiste, y para lo cual esta ley nos da la posibilidad», aseveró Arzac.
Por otro lado, al iniciar su exposición, González Arzac aclaró que no representaba «intereses concretos, a diferencia de otros constitucionalistas», y contó que sintió «una gran satisfacción» cuando fue presentado el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual para eliminar «la ley de la dictadura».
«No cabe duda que los medios audiovisuales están en manos monopólicas y hay que terminar con este monopolio», planteó el constitucionalista, quien hizo referencia al artículo 42 de la Constitución Nacional -que se refiere a la defensa de la competencia- y sostuvo que «bajo esa óptica» debe analizarse la norma.
En tanto, su colega Daniel Sabsay opinó que, «si bien el proyecto de ley resulta sumamente atractiva en cuanto a sus propósitos y sus enunciados generales, sin embargo los medios que se utilizan para propender a esos fines incurren en distintas contradicciones».
En este punto, el abogado criticó lo que a su criterio constituye un «excesivo poder otorgado al Poder Ejecutivo», como así también lo que entendió constituye una «violación a la propiedad privada», en referencia al proceso de desinversión de los actuales licenciatarios dispuesto por la norma.
«En este proyecto encontramos lados flacos que hacen a la seguridad jurídica, a la legalidad, y a la no discrecionalidad del poder político», señaló Sabsay, quien planteó la necesidad de que, paralelamente a esta norma, el Congreso debata una «ley de libre acceso a la información pública y de regulación de la pauta oficial de propaganda».
Por su parte, Bernardo Licht interpretó que «el plazo de un año» que la ley prevé para el proceso de desinversión de aquellos grupos que no se ajusten a las pautas marcadas por la nueva normativa «no debería contarse como un año calendario a partir de la sanción de la nueva ley».
En este sentido, postuló que ese año de plazo debería contabilizarse «una vez que quede constituida la autoridad de aplicación, que demandará tiempo» y una vez que «se establezcan los mecanismos de transición».
En tanto, Analía Elíades, representante de la Facultad de Periodismo de la UNLP, titular de la Cátedra de Derecho a la Información y adjunta de la Cátedra UNESCO de Libertad de Expresión, destacó como un «momento histórico» la discusión del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Fuente: BAE
