El gobierno presentó el planteo ante el STJER para que se avoque en pleno al tratamiento de lo que calificó como conflicto interpoder, solicitando se sirva ejercer control constitucional directo con el fin de revocar una medida cautelar dictada por el juez de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, Ángel Moia. El magistrado intervino en el legajo «AGMER-AMET-ATE-UDA c/SUPERIOR GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE ENTRE RIOS Y OTROS s/ACCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD”, dictando una medida cautelar de no innovar y la suspensión de la aplicación de la norma atacada (Ley 10.806) respecto de la totalidad de los trabajadores de la educación pasivos y pasivos de la administración pública provincial y municipal.
El 9 de septiembre pasado, el Juez Moia hizo lugar a la medida cautelar y ordenó la suspensión de la aplicación del artículo 6 de la Ley de Emergencia que incrementaba los aportes de los jubilados. Agmer celebró el fallo por entender que la norma vulnera “claramente la Ley de Jubilaciones y pensiones”, modificando “hacia la baja el 82 % móvil, y a contramano de la Constitución Provincial y Nacional”.
En sus argumentos, el fiscal de Estado indicó que en otra causa (“Rombolá”) el STJER en pleno sostuvo lo contrario en relación al mismo tema. La resolución lleva las firmas de Daniel Carubia, Bernardo Salduna, Susana Medina, Claudia Mizawak y Miguel Giorgio.
Fundamentos de la resolución
En el primer voto de la sentencia del STJER, el vocal Carubia marcó que la sentencia del Juzgado de Primera Instancia debía ser recurrida en otra instancia inferior al Alto Cuerpo, y que la causa “Rombolá” no tiene sentencia del cuerpo en pleno.
“El fallo del Superior Tribunal de Justicia en la causa ‘Rombolá’ (19/8/2020, Expte. N° 24867) se dictó con el voto concurrente de sólo tres de los nueve vocales del Superior Tribunal de Justicia, sin que los seis restantes se hayan pronunciado en esa ni en otra causa similar. Por consiguiente, no se trata de un pronunciamiento del Superior Tribunal en pleno, sino apenas de una minoría de sus integrantes”, dijo Carubia, quien también recordó que en ese caso se trató solo la inadmisibilidad formal de una acción de amparo y no de una sentencia sobre la cuestión de fondo.
“Sin perjuicio de ello, aun cuando el fallo ‘Rombolá’ hubiera sido dictado por el Superior Tribunal de Justicia en pleno y aunque lo hubiera sido por el voto unánime de sus integrantes, tampoco revestiría el carácter vinculante para los tribunales inferiores que imaginativa y artificiosamente pretende asignarle el presentante, desde que ni los fallos del Superior Tribunal de Justicia ni los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconocen ese carácter obligatorio, con excepción de los controvertidos fallos `plenarios´”, detalló Carubia.
Entre otros fundamentos expresó que “la figura del ´avocamiento’ que eufemísticamente emplea la Fiscalía de Estado para denominar su petición de asunción de competencia `per saltum´ no se constata prevista en nuestro ordenamiento legal para especiales y delicados supuestos donde se debate la constitucionalidad de una norma legal de la provincia en un específico proceso constitucional reglado por ley, en el cual no se contempla semejante alternativa ni podría hacerlo –agregó- en virtud de razones vinculadas a la inmanente potestad del juez interviniente para ejercer libre e independientemente el control constitucional que se le ha requerido”.
Asimismo, Carubia entendió que “la gravedad institucional que el presentante asigna declamativamente al caso, no logra siquiera argumentalmente demostrarla y ella radicaría, nada más ni nada menos, en que el Estado y todo su poder político debe subordinarse a la Constitución y respetar los fallos del Poder Judicial, aunque le disgusten”.
En relación al conflicto de poderes planteado por la Fiscalía de Estado, Claudia Mizawak entendió que “pretender que el STJER y un magistrado de primera instancia son distintas ‘ramas de un mismo poder’ y que en la actuación del último pudo haberse arrogado una atribución del primero o interferido indebidamente en el ámbito de sus competencias privativas al decidir en una causa -aunque se entendiera que lo fue de manera contradictoria o diferente a un caso fallado por el primero- , extralimita y controvierte claramente la garantía de la independencia que está ínsita en el carácter e investidura de cada Juez; al que sólo lo limita en su deber y libertad de fallar conforme a derecho, su juramento de observar y respetar la Constitución y -en algunos supuestos- el criterio de los fallos plenarios”.
