El protagonista es Jacinto José Escobar, quien aseguró que el 23 de diciembre de 2014, cinco días después de la detención de Céparo, recibió el llamado de una persona que se identificó como su hija y lo amenazó de muerte. “Yo no puedo asegurar que fuera la hija (de Céparo), era una voz de mujer, me hizo una serie de consideraciones y me dijo que me iba a ultimar a mí y a mi familia”, relató Escobar ante una pregunta del fiscal José Ignacio Candioti. “Estimo que lo que querían era que declarara a favor de él”, agregó, según lo informa El Diario.
A raíz de esa situación, Escobar hizo una exposición policial y se inició un expediente que tramitó en la unidad fiscal de Gualeguaychú, donde vive el hombre; aportó su número de teléfono y dio precisiones de cuándo había sido la llamada, pero la causa terminó archivada.
“La fiscal (auxiliar Lucrecia) Lizzi me dijo que no había llegado a nada positivo”, contó Escobar ante el tribunal que juzga a Céparo por delitos de la dictadura.
Esta circunstancia, desconocida hasta este miércoles, se suma a las intimidaciones que sufrió Lionel Luis López, el hombre que reconoció a Céparo como una de las personas que secuestró a la víctima, el 23 de septiembre de 1976, porque, según dijo, lo conocía de La Paz. El lunes, cuando declaró ante el tribunal, López dijo que al día siguiente de la detención de Céparo comenzó a recibir llamadas al teléfono de su casa y a su celular provenientes de números desconocidos con la característica de La Paz e incluso dijo que una persona fue a su casa, pero que no atendió ni abrió la puerta. El hombre lo consideró una intimidación proveniente de familiares de Céparo, pero no hizo ninguna denuncia. Sumado a eso, dos meses después recibió una carta documento firmada por Francia Céparo, hija del ex policía, instándolo a “rectificar o ratificar” aquella denuncia que no había sido tal (sic).
Francia, la hija de Atilio Céparo, admitió que intentó comunicarse con López y la autoría de la carta documento, pero dijo que no pretendió intimidarlo. “Fue un momento de desesperación… lo llamé varias veces a su casa y después fui con mi hijita; pero nunca lo intimidé porque no pude hablar con él, no lo conozco; nunca quise hacer nada malo, solo quería saber qué estaba pasando con mi papá”, relató este miércoles. “Me arrebaté, no consulté, hice todo mal”, agregó entre lágrimas. Sobre la carta documento que le envió a López, dijo haber sido “mal asesorada” por un abogado y concluyó: “Me equivoqué y le pido disculpas (a López) si se sintió intimidado”.
Curso “contrasubversivo”. Por lo demás, en la última jornada de testimoniales, dos ex policías volvieron a ubicar a Céparo en el esquema represivo, como integrante de los grupos de tareas al servicio de la represión ilegal.
En el legajo personal de Céparo consta que había sido seleccionado para participar de un curso en el Centro de Instrucción Contrasubversivo (CIC) de la Policía Federal y que egresó el 24 de enero de 1977. El objetivo de ese curso era “unificar y divulgar métodos, técnicas y procedimientos” entre los “órganos comprometidos en la erradicación de la delincuencia subversiva”, de acuerdo a la resolución de creación del CIC.
El dato, más allá de Céparo, revela la inserción de la Policía provincial en la represión.
Jacinto Escobar, que fue director de Investigaciones, aseguró que era el propio jefe de la Policía de Entre Ríos quien “seleccionaba al personal” que haría el curso “contrasubversivo”.
En ese caso, debió ser el teniente coronel Juan Messina, un militar que también aparece en el listado de agentes de inteligencia que operaron en Salta y Jujuy durante la última dictadura cívico-militar. Sin embargo, Escobar aclaró que “al personal lo manejaba (José Domingo) Gianotti”, el entonces subjefe de Investigaciones, a quien la víctima ubicó en la sesión de tortura a que fue sometida en la jefatura.
Por su parte, José Orlando Carrero, otro ex policía, explicó que los operativos de represión ilegal estaban a cargo de “la gente de Inteligencia”. El hombre aseguró que reprobaba esas acciones porque “la Policía debe ocuparse de los delitos comunes, no de los delitos políticos” (sic). Según dijo, “Céparo trabajaba en cuestiones con presos políticos”, en la Dirección de Investigaciones, que en 1976 funcionaba en el actual Museo Provincial de Bellas Artes “Pedro E. Martínez”. Luego aclaró que a los operativos por cuestiones políticas “los hacía el personal de Inteligencia, y Céparo era de Inteligencia”. Carrero, en tanto, cumplía funciones en el mismo sitio, pared de por medio, pero aclaró: “Yo no quería saber nada con ese tipo de gente”.
Los alegatos, el miércoles
En la jornada de este miércoles finalizaron las testimoniales y el próximo miércoles 5 de octubre serán los alegatos del fiscal José Ignacio Candioti, los querellantes Marcelo Boeykens y Sofía Uranga y el defensor José Ostolaza.
Atilio Ricardo Céparo, ex policía provincial de 67 años, está acusado por la privación ilegítima de la libertad cometida por un funcionario público, con abuso de sus funciones y/o sin las formalidades previstas por la ley y/o desempeñando un acto de servicio; vejación, aplicación de apremios ilegales o imposición de tormentos, en el caso de una mujer que fue secuestrada el 23 de septiembre de 1976 y permaneció desaparecida durante varios días. En caso de ser condenado, el ex policía podría recibir una pena de hasta 15 años de prisión.
La sentencia también se conocería la semana próxima, pero antes el tribunal integrado por Lilia Carnero, Roberto López Arango y Noemí Berros debe resolver un pedido de la defensa para que al imputado se le conceda el beneficio del arresto domiciliario por motivos de salud.
