Jauregui y Ruth Ziegler, abogados de la parte querellante en los autos caratulados «EMANUEL DARIO EZEQUIEL PEREZ / SU MUERTE», señalan en el escrito al que accedió DIARIOJUNIO, que resulta “sumamente importante y urgente ahondar la investigación respecto de lo realmente ocurrido con la víctima el 17/10/09 desde su avistamiento por los testigos Rolón y Tisocco 14,30 hs. , hasta su ingreso a la guardia del Hospital Masvernat 20,28 hs; y teniendo en cuenta que surgen actividades en ese lapso horario de personal policial y móviles afectados a las comisarias de La Criolla y Colonia Ayuí , interesamos se proceda en forma inmediata al secuestro de toda la documentación y resgistraciones reglamentarias de dichas reparticiones”.
Interesan la medida en virtud de “evitar posibles adulteraciones en las registraciones del material requerido que desvíen y/u obstruyan irreversiblemente la marcha de este proceso”.
RESPUESTA DE JAUREGUI A MENDOZA
“Es absolutamente falso que exista alguna intencionalidad política de mi parte ni de mi equipo en un asunto tan delicado como la muerte de una persona , además ello ha quedado demostrado en la intervención profesional del estudio en causas sustanciadas por hechos eventualmente similares acaecidos en gobiernos de diverso color político partidario , y mucho menos aún tengo animo de desprestigiar a la institución policial, ya que con muchos de sus integrantes tengo lazos de colaboración y respeto recíproco y al igual que otros operadores del mundo del derecho pretendemos su mejoramiento institucional, por lo que resultan inaceptables e intolerables las afirmaciones del Sr. subjefe de policía, quien debería ser instruido por sus superiores que conforme disposiciones legales de cumplimiento obligatorio para él que es funcionario público, me debe el mismo respeto que a un magistrado por cuanto me encuentro ejerciendo mi profesión de abogado, y aún más en esta causa que estoy investido de las mismas facultades que el fiscal de quien depende, por lo que por respeto a la ley, la victima fallecida y sus familiares, sus derechos, y a la función que mal que les pese a algunos represento, corresponde que el mismo se retracte públicamente y pida las disculpas del caso.
Por otra parte es obvio que las sospechas de los padres de la víctima no recaen sobre la institución policial sino sobre algunos de sus dependientes, aunque exabruptos como el afirmado y publicado por este señor seguramente porque se lo ordenaron, sin sustento probatorio alguno ni conocimiento de la causa, hacen poner en dudas nuestra confianza en la institucionalidad que declama y sobre la colaboración requerida por nuestra parte a la fuerza que integra. Todo lo anterior torna más necesario y urgente que nunca que la superioridad de la fuerza , es decir el PE, reciba a los padres de la víctima a sus efectos”.
