Esto no solamente es inconstitucional, sino que decididamente viola el artículo 42º de Defensa del Consumidor”, dijo Solanas a Radio Ciudadana (FM 89.7). “Los consumidores y usuarios de bienes y servicios tienen derecho, en la relación de consumo, a la protección de su salud, seguridad e intereses económicos; a una información adecuada y veraz; a la libertad de elección, y a condiciones de trato equitativo y digno…etc.”.
“También solicitamos la posibilidad de una interpelación al ingeniero Javier Iguacel que es el inventor de esta resolución. Ayer lo explicó para la República Argentina y la verdad es que no podían sostener lo que estaban manifestando”, señaló.
“Recién estaba leyendo a algunos diputados y senadores de Cambiemos opuestos a esto. De modo tal que es la medida más reprochable que he conocido y que evidentemente da cuenta que este gobierno no tiene techo para sorprendernos a los argentinos. Que vayan para atrás y te cobren 12 años y que te diga que tienen que justificar lo que perdieron las empresas y que te lo diga el Presidente de la República es absolutamente incomprensible y daña decididamente los intereses de los usuarios y favorece a las empresas que han sido favorecidas desde hace mucho tiempo y han ganado muchísimo dinero”, indicó.
Por su parte, Kunath manifestó que “una vez más el gobierno nacional arremete contra los usuarios con el objeto de compensar y evitar pérdidas a los sectores empresarios concentrados, disponiendo que sean los consumidores quienes financien a las empresas para que recuperen el costo de la corrida del dólar que afectó sus ingresos”.
“El gas tuvo una suba de entre el 30 y 35% en su tarifa aplicada desde el primero de octubre y si le sumamos estas 24 cuotas, solo agravan la difícil y acuciante situación de amplios sectores de la población”, agregó.
La senadora entrerriana mostró su oposición a la medida al señalar que “esta resolución forma parte de una serie de medidas llevadas adelante por el gobierno nacional, que son dictadas sin la mínima sensibilidad social y que perjudican de manera directa al conjunto de la población”. Y explicó: “el panorama actual es acuciante para muchas familias y comerciantes, quienes se ven en la difícil situación de decidir, en el mejor de los casos, pagar los servicios sacrificando la satisfacción de ciertas necesidades básicas. En consecuencia, medidas como esta, solamente agravan la difícil y desesperante situación que están viviendo muchas personas”.
La legisladora remarcó además que “no sólo es un aumento a futuro, sino que también avanza sobre conceptos ya pagados por los usuarios, haciéndolos responsables de los vaivenes económicos dispuestos por el ejecutivo de turno”.
“Con la presentación de este proyecto de ley, queremos poner freno a una decisión claramente perjudicial para los sectores populares y que además genera una gran incertidumbre a los usuarios de este servicio público, al sumarle otra cuota de imprevisibilidad a la economía argentina”, puntualizó Kunath.
