Según expresaron los parlamentarios de las tres provincias que componen la Región Centro, el Río Uruguay “es un recurso compartido por ambos países y separa las poblaciones de Gualeguaychú y Fray Bentos, abarcando a más de 300.000 personas en el área de influencia de la industria de pasta de celulosa”.
El diputado entrerriano Julio Aldáz exigió en su discurso que se aplique la Licencia Social. “Es la autorización para operar que debe ser otorgada por las comunidades que se pueden ver afectadas por una industria o una empresa determinada”, explicó el legislador. En la Comunidad Económica Europea es obligatoria la consulta social en todos los estudios de impacto ambiental.
El tema no figuraba en el orden del día pero ante la intervención de Aldaz, ex presidente de la Comisión Parlamentaria, fue consensuado en la reunión previa de Labor Parlamentaria realizada.
La Comisión Parlamentaria Conjunta ratificó el apoyo solidario en el conflicto binacional tal como en una sesión plenaria realizada a mediados del año pasado en la misma ciudad de Gualeguaychú, respaldando a dicha comunidad por su lucha en contra de la instalación de las papeleras de Ence (ahora reubicada) y Botnia a orillas del Río Uruguay.
En aquella oportunidad, el legislador Jacobo Trad (Bloque Córdoba), supo visionar que “estos grandes capitales (por Botnia y Ence) están generando espacios de desencuentro en nuestros proyectos de integración regional, sembrando gérmenes de división política y desacuerdos entre los pueblos hermanos”.
