Los nutricionistas, los pediatras, los cardiólogos y muchos especialistas más de la medicina en general advierten que muchos de los alimentos que ingerimos, especialmente en los niños, provocan graves enfermedades como la obesidad, la diabetes, circulatorias, del corazón y tantas otras. Sin embargo, en Argentina los fabricantes de estos alimentos peligrosos no están obligados a advertir en su etiquetado las substancias que contienen sus productos.
El proyecto de Ley de Etiquetado Frontal que se buscaba aprobar obligaba a advertir a la sociedad sobre los productos que tienen un alto contenido de grasas, sodios y azúcares, con el fin de ayudar a combatir la obesidad, la hipertensión y los riesgos cardíacos con rótulos que se visualicen en los envoltorios.
Luego de más de una década de lucha, las asociaciones de profesionales de la salud y de la sociedad civil que vienen luchando para que los consumidores sean advertidos en la parte frontal de las etiquetas los peligros que entraña consumir este tipo de alimentos, habían logrado acordar un proyecto de ley para obligar a las empresas a hacerlo pero…..
CAMBIEMOS NO DIO QUORUM E IMPIDIÓ EL TRATAMIENTO DE LA LEY DE ETIQUETADO
La actitud de los legisladores de esta divisa política, al no dar quorum para el tratamiento de la ley es criminal, porque en los países en que se ha logrado el etiquetado, la obesidad infantil y la diabetes en niños, solo por nombrar alguna de estas enfermedades han disminuido significativamente. Eso por ahora no va a ocurrir en nuestro país. Por responsabilidad directa de los diputados de Pro Cambiemos. ¿Se harán responsables? Trataremos que así sea.
¿PORQUE CAMBIEMOS NO DIO QUORUM PARA EL TRATAMIENTO DE ESTA LEY?
Las razones son: las principales empresas de lobby alimentario son aportantes de fondos a esta divisa política, entre otras Arcor, Molinos, Coca-Cola, PepsiCo, Danone y Nestlé, Ledesma, Aceitera general Deheza y la lista es más larga.
El diputado (FdT) Leonardo Grosso los denunció en un programa de Radio Nacional: “En Argentina hay cinco empresas de producción de alimentos que tienen el 90 por ciento de las marcas de alimentos, que son los que después le pagan la campaña a Juntos por el Cambio. El proyecto es para sancionar una ley que buscar regular el acceso público a la información para que nuestra población pueda alimentarse saludablemente y eso es lo que no quieren discutir”,
