Una vez iniciada la sesión, el presidente del bloque del Frente para la Victoria, Juan Navarro, solicitó el ingresó del proyecto de ley que modifica la Ley Impositiva Nº 9622 elevando los importes topes máximos del impuesto inmobiliario para inmuebles que constituyen bien de familia, los de propiedad de ex combatientes de las Islas Malvinas y de los jubilados y pensionados.
Como miembro informante, el diputado por el departamento Concordia, Edgardo Jakimchuk (FPV), argumentó la iniciativa al afirmar que esta “favorece a los sectores de menores ingresos y los considerados más vulnerables, justamente por tener un estructura económica más endeble”. Al tiempo que resaltó al gobernador Sergio Urribarri al precisar que “entendió que con esta ley se está contribuyendo al bienestar de las familias entrerrianas”.
En cuanto a la iniciativa, la misma especifica que para el caso de un bien de familia se considerará exento todo aquél que no supere los 15.000 pesos de avalúo fiscal; para el caso de los ex combatientes de Malvinas, quedarán eximidos aquellos que reciban hasta 4.500 pesos como sueldo líquido y en el caso de jubilados y pensionados que posean una vivienda única serán beneficiados con el 50 por ciento de descuento en su impuesto inmobiliario cuando su remuneración líquida no supere los 4.500 pesos.
Atento a las nuevas escalas que la AFIP puso en vigencia para el régimen de pequeños contribuyentes (Monotributo), y que elevaron los parámetros de Ingresos Brutos y monto de alquileres, se actualizan los valores contenidos en la ley impositiva en forma simétrica al organismo recaudador nacional, para el Régimen Simplificado entrerriano.
En materia de Ingresos Brutos por alquileres o arrendamientos el proyecto actualiza también la escala fijadas por la Ley Impositiva; para locatarios urbanos estarán exentos si los alquileres no superan la cifra de 4.000 pesos y en el caso de parcelas rurales arrendadas, no pagarán impuesto aquellas cuya valuación fiscal no supere los 160.000 pesos.
En el 5º Artículo del proyecto se propone elevar los montos de los topes máximos para la exención del impuesto a los Automotores para los vehículos propiedad de entidades religiosas y personas con discapacidad. Para esta modificación se tiene en consideración el incremento de los valores de los automóviles en los últimos años, fijándose para entidades religiosas en 200.000 pesos si se trata de buses o camionetas y 150.000 pesos si resultan automotores. En el caso de las personas con capacidades diferentes el monto se eleva hasta 200.000 pesos para un vehículo de uso personal exclusivo.
Finalmente, el proyecto otorga al Poder Ejecutivo provincial la facultad de adecuar los importes consignados en los artículos modificados de acuerdo a la evolución del contexto económico y de las normas impositivas nacionales. En todos los casos para recibir los beneficios es necesario que quienes se encuentren comprendidos, hagan el trámite de registro en las oficinas de la Administradora Tributaria de Entre Ríos.
Por otra parte, se aprobó el proyecto de ley por el que se crean, en el ámbito del Consejo General de Educación, “doscientos catorce (214) cargos de Personal del Escalafón General, trescientos treinta y seis (336) cargos de Personal del Escalafón Docente, veinticinco (25) cupos para Contratos de Locación de Servicios y once mil novecientos treinta (11.930) horas cátedra”.
Además, se autoriza al Ejecutivo “a disponer las ampliaciones y/o modificaciones del Presupuesto General de la Administración Provincial para dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la Ley Nacional de Financiamiento Educativo Nº 26.075 y los Convenios que en su consecuencia se han celebrado”, para así hacer efectivo lo propuesto en la norma.
En el mensaje que acompaña la iniciativa, enviada por el Poder Ejecutivo, precisa que esta propuesta que apunta a fortalecer el proceso educativo en el territorio entrerriano es para “dar cumplimiento a los objetivos establecidos por la Ley Nacional de Financiamiento Educativo Nº 26.075 y los Convenios que en su consecuencia se han celebrado”. Asimismo, considera a la educación pública como “decisiva” en cuanto a la distribución del conocimiento. “Existe consenso en la sociedad sobre la importancia” de esto, asegura y resalta la importancia del proceso de enseñanza/aprendizaje para “el crecimiento personal y profesional, para la vigencia de los derechos, para el funcionamiento de las instituciones, para la construcción y fortalecimiento de ciudadanía, para el protagonismo social, para la tolerancia y la pluralidad”.
La presidenta de la Comisión de Educación, Leticia Angerosa (FPV), fue quien argumentó la iniciativa e invitó a los alumnos y profesores presentes a leer los resultados del Operativo Nacional de Evaluación que realiza, cada tres años, el Ministerio de Educación de la Nación. En tal sentido, afirmó que teniendo en cuenta los últimos resultados del operativo realizado en el año 2010, “se ha mejorado sustancialmente la calidad educativa”.
