Es sencillo advertir, en nuestros días, una notoria injerencia de la justicia en cuestiones que históricamente consideramos de carácter político, por sus especiales particularidades. Esta afirmación no debe considerarse como una posición abolicionista en el sentido de no combatir los actos de corrupción.
En efecto, la organización institucional de nuestro país, el Poder Judicial es uno de los poderes del Estado. Está compuesto por una serie de órganos que integran una estructura vertical, en cuyo peldaño superior se encuentra el tribunal máximo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como se advierte, la Constitución Nacional –siguiendo el modelo norteamericano– erigió un poder específico en su estructura estatal para cumplir la función judicial.
Se sostiene que de los tres poderes ideados por el constituyente, el judicial se nos presenta como el más débil, al no contar con las armas ni el tesoro. De allí que, como nos enseña el Prof. Sagües, el peso político del Poder Judicial reside en el respeto que le tengan los demás poderes del Estado y en el prestigio que encuentre en una comunidad. Ese prestigio es producto de la justicia, prudencia y, sobre todo, de la imparcialidad de sus decisiones.
En un Estado democrático, la independencia del Poder Judicial es condición vital para su jerarquización e imparcialidad.
Como bien se ha sostenido, los jueces deben estar libres de influencias, ya sean de los otros poderes, de la opinión pública, de factores o grupos de poder o presión.
La función de los magistrados adquiere tal relevancia como instrumento eficaz para asegurar el goce efectivo de la libertad, que la justicia estuvo presente en todos los tiempos y en todos los pueblos.
En los últimos años estamos presenciando en nuestra región un extraño fenómeno que consiste en la utilización de algunos sectores del poder judicial con fines claramente de persecución política.
Para que ello sea posible se requiere no solo de jueces cómplices, sino también de medios masivos de comunicación que actúen coordinadamente con esos objetivos.
Naturalmente que me refiero a una porción muy pequeña del Poder Judicial, dado que –en nuestra región- contamos con miembros de la magistratura (incluidos Fiscales), intachables, muy formados y justos.
La falta absoluta de imparcialidad de alguna porción o sector de magistrados intervinientes nos revela el sentido no jurídico, sino político de todas las actuaciones judiciales llevadas adelante en cada proceso. A ello debemos sumarle la fuerte campaña mediática desplegada en contra de personas que son, piensan o se expresan de manera distinta o contraria al régimen instituìdo y, en palabras del maestro Luigi Ferrajoli, la celeridad aplicada por la justicia “para llegar a la sentencia final lo antes posible “
Ahora bien, ¿cómo y donde surge esta idea de un uso indebido de mecanismos y herramientas jurídicas con fines de persecución política, destrucción de imagen pública de dirigentes e incluso inhabilitación de adversarios políticos?
A fines de la década de los 90’ surge el término en ingles Lawfare, que lo podríamos traducir como “guerra legal” o “guerra jurídica”. Es decir, una táctica que consiste en utilizar la ley como arma de guerra y desde ese momento se lo identifica con el uso abusivo de las leyes y sistemas judiciales para el logro de objetivos políticos o como “un arma diseñada para destruir al enemigo mediante el uso, mal uso y abuso del sistema legal y los medios de comunicación para provocar descredito en ese enemigo”
Es de lamentar que, maniobras como éstas bajo apariencias de legalidad y de justicia lesionen seriamente la calidad democrática en nuestros países y es un desafío, mantener en nuestra justicia (la nuestra de todos los días, la que no tiene nada que ver con aquellos oscuros despachos ubicados en domicilios de Comodoros… ) la independencia, prudencia y prestigio que tiene.
Hacemos propia la afirmación de Joaquín V. González cuando señalaba que “ningún pueblo de la tierra ha gozado de libertad mientras no ha tenido asegurada su justicia”.
