La sanción de la Ley de Financiamiento Educativo se transformó en una “frustración” a juicio del rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Eduardo Asueta. Evaluó que la norma “presenta serias limitaciones que no traducen los objetivos inicialmente presentados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación”.
“Cuando nació el proyecto de Ley de Financiamiento Educativo fue apoyado por distintas instituciones, entre ellas, las universidades que integran el CIN”, explicó el contador Asueta. “Creíamos que había que transitar este camino, pero las posibilidades de que se convirtiera en una alternativa diferente se frustraron al momento de su sanción, puesto que la ley presenta serias limitaciones que no traducen los objetivos inicialmente presentados por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación”.
Semanas atrás, el Ministro de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, presentó a los rectores de las universidades nacionales un documento base para comenzar a discutir el proyecto de una nueva Ley Nacional de Educación, en reemplazo de la actual Ley Federal de Educación, que también fue oportunamente rechazada por la UNER.
Los rectores coinciden al señalar que “la metodología de cálculo que aplica el Ministerio y las modificaciones que el Congreso de la Nación le hiciera al texto definitivo, desencadenan que la Ley de Financiamiento Educativo, en lugar de una plataforma previsible de recursos financieros sobre la cual puedan planificarse y sostenerse en el tiempo los cursos de acción necesarios para la profunda transformación de la educación, se haya convertido para las universidades en un auténtico corsé que limita la asignación presupuestaria, afectando gravemente su sostenimiento”.
En medio de este panorama, aseguran que se requiere una “intervención urgente” del Ejecutivo Nacional y el Congreso de la Nación a partir de la cual se rectifiquen los efectos de esta ley que, para las universidades nacionales, no cumple con los objetivos planteados”.
Asueta evaluó que la Ley, por si sola, no es suficiente para garantizar que los principios se lleven a la práctica. “Debe haber una fuerte decisión política de impulsar los valores que están siendo analizados mediante acciones concretas, que contribuyan a que el derecho a la educación consagrado en la Constitución Nacional sea un derecho real. Hasta tanto el Estado no resuelva estructuralmente problemas sociales como la pobreza, la desigualdad en el ingreso o la exclusión, los principios que impulsamos en las normativas no podrán concretarse en la realidad”.
